Artículo de opinión por: César Asprilla “El Maestro”, docente, fundador y director de la REEA. Apasionado por las TIC y la radio como herramientas pedagógicas innovadoras para fortalecer la educación, la comunicación y la participación estudiantil. Locutor y periodista diletante, con raíces en el Chocó.
Colombia necesita fortalecer el control sobre el dinero destinado a la educación.Los recursos que llegan a las instituciones educativas oficiales tienen una finalidad concreta: garantizar el funcionamiento de los establecimientos y atender las necesidades de los estudiantes. Por eso, más allá de las normas existentes, resulta necesario discutir si el país cuenta con mecanismos suficientemente oportunos para prevenir riesgos, detectar irregularidades y hacer seguimiento efectivo a su ejecución.
Hablar de calidad educativa no debería limitarse a discutir resultados académicos, infraestructura, alimentación escolar, conectividad o condiciones laborales de los docentes. Existe otro componente que pocas veces ocupa el centro de la conversación: ¿cómo se administran y cómo se vigilan los recursos públicos que llegan directamente a las instituciones educativas?
En Colombia existen los Fondos de Servicios Educativos, mecanismos destinados a facilitar la gestión presupuestal de los establecimientos oficiales y atender gastos de funcionamiento e inversión diferentes a los de personal. La normativa establece responsabilidades para rectores, directores, consejos directivos y entidades territoriales.
Incluso existen obligaciones concretas de transparencia. El rector debe presentar mensualmente al Consejo Directivo el informe de ejecución de los recursos y esa información debe publicarse en un lugar visible y de fácil acceso para conocimiento de la comunidad educativa.
Pero aquí surge una pregunta que merece ser discutida a nivel nacional: ¿qué ocurre cuando los controles establecidos no detectan oportunamente una situación de riesgo o cuando una comunidad educativa presenta alertas y considera que el seguimiento no está produciendo resultados suficientes?
No se trata de afirmar que exista un problema generalizado en las instituciones educativas ni de poner bajo sospecha a quienes ejercen cargos directivos. Miles de rectores y directores administran recursos públicos y cumplen sus funciones dentro de las normas.
Precisamente por eso, un sistema de control más robusto podría servir también para proteger a quienes administran correctamente, porque permitiría demostrar con mayor facilidad cómo se recibió, cómo se ejecutó y en qué se utilizó cada recurso.
¿Y si cada colegio tuviera una especie de “historia financiera” pública?
Una de las posibilidades que merece ser estudiada es la creación de una plataforma nacional especializada en información financiera y administrativa de las instituciones educativas oficiales.
No tendría que reemplazar al SECOP ni duplicar sus funciones. El SECOP ya es el sistema oficial de información de la contratación realizada con recursos públicos, y el SECOP II permite gestionar procesos contractuales y hacer seguimiento a su ejecución. Además, ciudadanos, organismos de control y medios de comunicación pueden consultar públicamente esa información.
La propuesta sería diferente: una plataforma específica para el seguimiento integral de los recursos de cada establecimiento educativo.
Allí podría encontrarse, de manera sencilla y organizada, información como:
- cuánto dinero recibe cada institución;
- de dónde provienen los recursos;
- presupuesto aprobado;
- proyectos de inversión;
- ejecución mensual;
- contratos y proveedores;
- bienes y servicios adquiridos;
- saldos;
- modificaciones presupuestales;
- informes presentados al Consejo Directivo;
- rendición de cuentas;
- necesidades reportadas por la institución;
- avances de proyectos;
- y las alertas generadas durante el seguimiento.
La ciudadanía podría ingresar al nombre de una institución y conocer su comportamiento presupuestal, sin tener que navegar por diferentes sistemas, documentos o dependencias.
Pasar de controlar después a prevenir antes
Aquí estaría quizás uno de los elementos más importantes de una herramienta de este tipo: las alertas preventivas.
El sistema podría identificar automáticamente situaciones que ameriten revisión. Por ejemplo, variaciones presupuestales que requieran explicación, ejecuciones inusualmente concentradas en determinados periodos, reiteración de determinadas contrataciones, recursos sin ejecutar durante largos periodos o diferencias entre las necesidades reportadas y los proyectos financiados.
Una alerta no significaría que exista una irregularidad.
Significaría simplemente: “esta situación requiere revisión”.
La diferencia es fundamental. El objetivo de un sistema preventivo no debería ser condenar anticipadamente a un funcionario, sino permitir que las autoridades competentes revisen oportunamente aquello que presenta señales de riesgo.
La Contraloría también podría tener un papel más visible
La discusión debería involucrar a los organismos de control.
La Contraloría General de la República ejerce vigilancia y control fiscal sobre recursos públicos en los ámbitos que corresponden a sus competencias. En materia de recursos del Sistema General de Participaciones existen mecanismos de vigilancia fiscal y coordinación sectorial.
Por eso, una propuesta para estudiar sería la creación o fortalecimiento de una unidad especializada en seguimiento fiscal de los recursos educativos, con capacidad para trabajar sobre información nacional, generar alertas y seleccionar casos que requieran actuaciones de control.
Esto tendría que diseñarse respetando las competencias de las contralorías territoriales y de las demás autoridades, pero permitiría pensar en un seguimiento especializado de un sector que maneja recursos destinados directamente a garantizar un derecho fundamental.
La pregunta no sería solamente cuánto dinero se está auditando después de ejecutado, sino cuánto riesgo puede identificarse antes de que el recurso sea utilizado de manera inadecuada.
También está la Procuraduría
La prevención no es un asunto exclusivo del control fiscal.
La Procuraduría General de la Nación tiene, entre sus funciones, la vigilancia preventiva del ejercicio de la función pública y la función disciplinaria respecto de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o manejan recursos estatales, conforme al marco legal aplicable. La propia entidad define su función preventiva bajo el principio de actuar para prevenir antes que sancionar.
Por eso, una política integral de protección de los recursos educativos tendría que contemplar también mecanismos de articulación con el Ministerio Público cuando existan situaciones que puedan comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales.
La idea no sería convertir cada diferencia administrativa en una investigación disciplinaria. Sería establecer rutas claras para que las alertas que tengan fundamento puedan llegar oportunamente a la autoridad competente.
El Ministerio de Educación podría abrir esta discusión
El Ministerio de Educación Nacional ya cuenta con herramientas de información y seguimiento relacionadas con los Fondos de Servicios Educativos. Incluso el propio Ministerio ha desarrollado orientaciones para las secretarías y establecimientos educativos sobre la administración de estos recursos.
La discusión que hoy merece abrirse es si esas herramientas pueden evolucionar hacia un modelo más integrado, público y preventivo.
Una plataforma nacional podría permitir que el Ministerio tenga una visión general del comportamiento de los recursos educativos, mientras que las secretarías, organismos de control y comunidades educativas contarían con información organizada para ejercer sus respectivas competencias.
Sería, en cierta manera, construir una “hoja de vida financiera” de cada institución educativa, actualizada periódicamente y disponible para consulta ciudadana.
No se trataría de vigilar al rector por el simple hecho de administrar recursos. Se trataría de que cada peso público pueda seguirse desde su asignación hasta su ejecución y justificación.
Porque el control también protege a los estudiantes
Cuando se habla de recursos educativos, no se habla solamente de contabilidad.
Detrás de un presupuesto hay necesidades concretas: un baño que requiere mantenimiento, materiales pedagógicos que hacen falta, equipos que necesitan ser renovados, infraestructura que debe repararse, herramientas para los estudiantes, proyectos que esperan financiación o condiciones básicas que una comunidad educativa necesita para funcionar dignamente.
Por eso, cuando un recurso público no cumple su finalidad, el problema no termina en una cifra presupuestal.
El impacto puede terminar en el estudiante.
Colombia cuenta con normas, sistemas de información, secretarías de educación, organismos de control y mecanismos de rendición de cuentas. El desafío consiste en determinar si todos esos elementos están suficientemente articulados para detectar oportunamente los riesgos y actuar antes de que una eventual irregularidad se convierta en un daño para la institución.
La propuesta merece, al menos, una discusión pública: un sistema nacional especializado de transparencia, seguimiento y alertas sobre los recursos de las instituciones educativas oficiales, articulado con el Ministerio de Educación, las secretarías, la Contraloría, la Procuraduría y las propias comunidades educativas.
Porque la transparencia no debería aparecer solamente cuando alguien presenta una denuncia.
Debería estar incorporada al funcionamiento cotidiano de cada escuela y cada colegio del país.
Y quizás la pregunta que Colombia debería hacerse no es únicamente cuánto invierte en educación, sino también:
¿qué tan bien puede demostrar dónde termina cada peso destinado a educar a sus niños, niñas y jóvenes?
