La Alcaldía adelanta encuestas socioeconómicas para identificar a las personas que desarrollan actividades económicas en calles, andenes y otros espacios de uso colectivo. El proceso, anunciado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, busca establecer las condiciones de ocupación y servir de base para un plan de organización. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley 1801 de 2016, que establece disposiciones para proteger el espacio público y regular los comportamientos contrarios a la convivencia.
El uso, la ocupación y la recuperación del espacio público se han convertido en asuntos que requieren atención institucional y corresponsabilidad ciudadana en Apartadó. La presencia de vendedores ambulantes, estacionarios y semiestacionarios, la utilización de andenes para actividades comerciales y los obstáculos que afectan la movilidad peatonal plantean un desafío para la organización urbana y la convivencia en el municipio.
Frente a esta situación, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, desarrolla el proyecto Gestores Pedagógicos de Cultura y Convivencia Ciudadana, una estrategia que busca acercar las normas a la comunidad mediante actividades de sensibilización y orientación sobre el comportamiento en los espacios compartidos.
Durante una jornada pedagógica, Sebastián Valencia Vélez, auxiliar pedagógico de la Secretaría de Gobierno, explicó que la cultura ciudadana está relacionada con los hábitos, las costumbres y los valores que permiten una mejor convivencia. En su intervención destacó dos principios: el respeto y la empatía, al señalar que las personas deben aprender a ponerse en el lugar de los demás y comprender que sus comportamientos tienen consecuencias sobre la comunidad.
«La cultura ciudadana nos lleva mucho al respeto, es decir, debemos respetar para que también nos respeten», expresó Valencia Vélez.
El funcionario también utilizó ejemplos del entorno escolar para explicar que la cultura ciudadana comienza en las acciones cotidianas: no arrojar residuos al suelo, cuidar las instalaciones, evitar daños en los bienes comunes y respetar los espacios destinados al aprendizaje. Son comportamientos que, trasladados a la vida urbana, contribuyen al cuidado de parques, calles, andenes y demás lugares de uso colectivo.
Andenes, ciclorrutas y movilidad: el espacio público también debe garantizar la accesibilidad
La protección del espacio público no se limita a evitar su ocupación comercial. También implica garantizar que las personas puedan movilizarse de manera segura, libre y accesible.
Lucery Moreno, gestora pedagógica de la Secretaría de Gobierno, explicó que en el municipio existen diferentes escenarios con funciones específicas, entre ellos los andenes peatonales, las ciclorrutas, las zonas verdes y los pasos de cebra.
La funcionaria hizo énfasis en que las bicicletas deben contar con sus espacios de circulación y que los peatones necesitan andenes despejados para transitar. Asimismo, recordó la importancia de los elementos de orientación instalados en las superficies peatonales para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual.
«También tenemos los andenes peatonales, que son los que utilizamos las personas a pie. Igualmente, los invidentes», explicó Moreno, al referirse a la necesidad de mantener estos espacios en condiciones adecuadas.
Su intervención cobra especial importancia al relacionarse con el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, que define el espacio público como el conjunto de bienes y elementos destinados a satisfacer necesidades colectivas que trascienden los intereses individuales.
La disposición incluye expresamente las áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular, así como parques, plazas, zonas verdes y otros espacios destinados al uso y disfrute colectivo.
Esto significa que un andén no es una extensión privada de un establecimiento comercial, ni una zona que pueda destinarse libremente a cualquier actividad particular. Su función principal debe garantizar el tránsito de las personas. De igual manera, las ciclorrutas deben conservar las condiciones necesarias para la circulación de los ciclistas.
En ese sentido, el uso inadecuado de estos espacios no solamente afecta la organización urbana: también puede comprometer la movilidad, la seguridad y la autonomía de peatones, personas mayores y ciudadanos con discapacidad.
¿Qué establece la Ley 1801 frente a la ocupación del espacio público?
Uno de los fundamentos jurídicos de la estrategia institucional es la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En su artículo 140, la norma establece los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Entre ellos contempla ocupar estos lugares en contravía de las disposiciones vigentes, dañar o hacer uso indebido de los bienes de uso público y promover o facilitar ocupaciones contrarias a las normas.
El numeral 4 de este artículo se refiere expresamente a «ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes».
La legislación también contempla comportamientos relacionados con el deterioro del mobiliario urbano, la disposición inadecuada de elementos y el uso indebido de los bienes colectivos. Por tanto, las obligaciones ciudadanas no se reducen a permitir el paso de los peatones: también incluyen conservar, proteger y utilizar adecuadamente los espacios comunes.
Sobre este marco normativo habló Tulio Ortiz, coordinador del proyecto Gestores Pedagógicos de la Administración Municipal, quien explicó que la estrategia busca reforzar el conocimiento y cumplimiento de las normas de convivencia.
«La Ley 1801 viene a poner control y viene a poner unas sanciones para las personas que de pronto infrinjan el Código de Convivencia», manifestó.
Ortiz mencionó como ejemplos de comportamientos que deben evitarse arrojar basuras y escombros en la calle, no recoger los excrementos de los animales de compañía y realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos.
La finalidad de estas disposiciones es que el cumplimiento de las normas no dependa exclusivamente de la presencia de las autoridades o de la imposición de medidas correctivas, sino que se convierta en una práctica cotidiana de responsabilidad ciudadana.
Comparendos y medidas correctivas: qué deben saber los ciudadanos
La Ley 1801 contempla medidas correctivas para determinados comportamientos contrarios a la convivencia. Estas pueden incluir multas y otras medidas previstas para cada conducta, de acuerdo con su clasificación y las condiciones establecidas en la legislación.
Sin embargo, es importante precisar que una orden de comparendo no significa automáticamente que una persona ya tenga una multa en firme. Los procedimientos deben respetar el debido proceso, el derecho de defensa y las reglas establecidas en el Código.
Durante la entrevista, Tulio Ortiz explicó que el proyecto también busca informar a la comunidad sobre las consecuencias de incumplir las normas. No obstante, el funcionario hizo una afirmación según la cual tener un comparendo pendiente podría impedir que una persona salga del país.
Al respecto, el artículo 183 de la Ley 1801 establece consecuencias por el no pago de multas, después de los plazos legales, entre ellas restricciones para determinados trámites y actuaciones administrativas.
Por eso, la pedagogía institucional también debe garantizar que la información entregada a los ciudadanos sea jurídicamente precisa.
La caracterización de vendedores: el paso anunciado por la Administración Municipal
El anuncio de mayor alcance durante la entrevista estuvo relacionado con la situación del comercio informal y la ocupación del espacio público en Apartadó.
Tulio Ortiz manifestó que la Administración Municipal considera que existe una ocupación considerable de estos espacios por parte de comerciantes y vendedores ambulantes, estacionarios y semiestacionarios. Frente a ese panorama, explicó que se puso en marcha un proceso de caracterización mediante encuestas socioeconómicas.
«Se va a caracterizar o a tomarles datos a todas las personas que están dentro del espacio público, que están haciendo una actividad económica», indicó el coordinador.
Según explicó, el cuestionario permitirá conocer quiénes son estas personas, dónde están ubicadas y bajo qué condiciones desarrollan sus actividades, así como establecer las características de la ocupación.
«Para determinar cuál es el grado de ocupación de espacio público que existe en Apartadó y qué personas están ocupando el espacio público», agregó Ortiz al explicar el propósito del procedimiento.
El funcionario señaló que, una vez recopilada esta información, la Alcaldía Municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno, podrá formular un plan de contingencia y comenzar a desarrollar acciones para organizar el espacio público.
Este anuncio abre un proceso que será importante seguir de cerca, pues la caracterización representa una etapa de diagnóstico y no constituye, por sí misma, una solución definitiva a la problemática. Sus resultados deberán permitir establecer cuántas personas desarrollan actividades económicas en estos lugares, cuáles son sus condiciones sociales y económicas y qué situaciones particulares deben tenerse en cuenta al momento de adoptar decisiones.
Recuperar el espacio público también exige proteger el derecho al trabajo
La aplicación de la Ley 1801 debe entenderse junto con los principios constitucionales que protegen el espacio público y los derechos fundamentales de las personas.
El artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Sin embargo, esta obligación debe armonizarse con el derecho al trabajo, el mínimo vital, la dignidad humana y el principio de confianza legítima de los vendedores informales que, en determinadas circunstancias, han desarrollado sus actividades durante años con la tolerancia o aceptación de las autoridades.
La Corte Constitucional ha reiterado que los procesos de recuperación del espacio público no pueden desconocer estas garantías. En la Sentencia T-151 de 2021 y en decisiones posteriores, el alto tribunal ha señalado que las autoridades deben valorar las circunstancias particulares de los comerciantes informales y, cuando corresponda, contemplar alternativas de reubicación o de subsistencia.
Más recientemente, en la Sentencia T-201 de 2026, la Corte reiteró que los censos y registros de vendedores son instrumentos de diagnóstico y atención, pero no pueden convertirse por sí solos en barreras para garantizar los derechos al trabajo y al mínimo vital. También insistió en la necesidad de evaluar individualmente las condiciones de las personas afectadas por las medidas de recuperación.
Esto resulta especialmente relevante para Apartadó, porque la caracterización anunciada por la Administración no debería limitarse a establecer quién ocupa un espacio y en qué lugar lo hace. También debe permitir conocer las condiciones económicas y sociales de quienes dependen de estas actividades para sostener a sus familias.
La recuperación del espacio público y la protección de los derechos de los vendedores no son objetivos necesariamente incompatibles. El reto institucional consiste en encontrar soluciones que permitan garantizar la circulación, el disfrute colectivo y el orden urbano, sin desconocer las garantías constitucionales de las personas que derivan su sustento del comercio informal.
El reto para Apartadó: pasar de la pedagogía a las soluciones
La estrategia de Gestores Pedagógicos plantea la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana desde el comportamiento individual. No arrojar residuos, respetar las zonas peatonales, conservar las zonas verdes, utilizar correctamente las ciclorrutas y evitar la ocupación indebida de los espacios comunes son acciones que involucran a toda la comunidad.
No obstante, el anuncio de la caracterización socioeconómica lleva la discusión a un escenario de mayor alcance: la responsabilidad de la Administración Municipal de convertir el diagnóstico en una política de organización del espacio público, con medidas claras, procedimientos transparentes y alternativas que tengan en cuenta las distintas realidades sociales y económicas.
Por ahora, los funcionarios han informado que se adelanta la recolección de información y que esta servirá de base para formular un plan de contingencia. Quedan por conocerse el número de personas que serán caracterizadas, el tiempo previsto para terminar el proceso, los sectores priorizados y las medidas concretas que se adoptarán posteriormente.
El desafío para Apartadó no consiste únicamente en recuperar andenes o despejar calles. También implica construir una cultura de respeto por los bienes colectivos, garantizar que las personas puedan transitar sin obstáculos y establecer condiciones de convivencia que reconozcan tanto los derechos de la ciudadanía como las necesidades de quienes encuentran en el comercio informal su principal fuente de ingresos.
La organización del espacio público, en definitiva, es una responsabilidad compartida entre autoridades, comerciantes, vendedores y habitantes. El resultado de este proceso permitirá establecer si la pedagogía ciudadana y la caracterización anunciada se traducen en cambios concretos para la movilidad, la convivencia y el orden urbano del municipio.
