La Administración Municipal denunció hechos de violencia física contra dos agentes de tránsito mientras adelantaban un procedimiento de control vial este miércoles 11 de noviembre. La Alcaldía expresó su solidaridad con los funcionarios y recordó que la violencia contra servidores públicos puede acarrear penas de prisión de cuatro a ocho años, de acuerdo con el Código Penal colombiano.
La Alcaldía de Chigorodó rechazó los hechos de violencia registrados contra dos agentes de tránsito que, según informó la Administración Municipal, fueron agredidos físicamente mientras realizaban un operativo de control vial en el municipio.
El pronunciamiento fue divulgado mediante el comunicado de prensa número 36, fechado el 11 de noviembre de 2026. En el documento, la Administración señaló que las agresiones ocurrieron cuando los funcionarios cumplían con sus responsabilidades de control y regulación de la movilidad.
La Alcaldía manifestó su solidaridad con los dos agentes afectados y cuestionó cualquier manifestación de violencia contra quienes ejercen funciones de autoridad en el municipio.
La inconformidad ciudadana debe tramitarse por vías legales
En su pronunciamiento, la Administración Municipal recordó que los procedimientos de tránsito hacen parte de las funciones de las autoridades y que las diferencias o desacuerdos frente a una actuación deben resolverse mediante los mecanismos legales y el diálogo.
La Alcaldía sostuvo que ningún procedimiento de control, requerimiento de autoridad o aplicación de las normas de tránsito justifica las agresiones físicas o las intimidaciones contra los servidores públicos.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para respetar el trabajo de los agentes de tránsito y de los demás funcionarios que desarrollan labores relacionadas con la seguridad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de Chigorodó.
¿Qué consecuencias legales puede tener agredir a un agente de tránsito?
La Administración Municipal recordó que el artículo 429 del Código Penal colombiano, modificado por el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011, tipifica el delito de violencia contra servidor público.
Esta disposición contempla penas de cuatro a ocho años de prisión para quien ejerza violencia contra un funcionario por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar, omitir o modificar una actuación propia de su cargo.
La aplicación de esta norma depende de las circunstancias y de los elementos que se acrediten dentro de una eventual investigación penal.
Llamado al respeto y a la convivencia
La Administración Municipal insistió en que el cumplimiento de las normas de tránsito es una responsabilidad compartida y que el respeto por la autoridad y la integridad de los servidores públicos son condiciones fundamentales para mantener la convivencia ciudadana.
El pronunciamiento se produce en medio de las discusiones que suelen generar los controles de tránsito y los procedimientos de imposición de comparendos en los municipios de Urabá.
La Alcaldía concluyó su mensaje con un llamado a rechazar todas las formas de violencia y a utilizar los canales legales para presentar quejas o inconformidades frente a las actuaciones de las autoridades.
Hasta el momento, el comunicado oficial no detalla las circunstancias específicas de las agresiones, la identidad de los presuntos responsables ni las lesiones sufridas por los dos agentes.
