La iniciativa obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado. El proyecto plantea un nuevo mecanismo para que integrantes de estructuras criminales se sometan a la justicia, con penas diferenciadas, entrega de bienes ilegales y restricciones a las negociaciones con organizaciones armadas.
El Senado de la República aprobó en último debate la denominada Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca establecer las condiciones jurídicas para la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto en Colombia. Ahora, el proyecto deberá superar el trámite pendiente en la Cámara de Representantes para continuar hacia una eventual sanción presidencial.
La votación en el Senado terminó con 57 votos a favor y 24 en contra, según el balance divulgado durante la sesión. La propuesta establece un modelo de sometimiento a la justicia que contempla sanciones penales para los integrantes de organizaciones ilegales que decidan abandonar sus actividades criminales y cumplir las condiciones establecidas en la norma.
Uno de los principales cambios planteados es el cierre de la posibilidad de adelantar negociaciones políticas con estas estructuras. La iniciativa también establece que las organizaciones criminales no recibirán reconocimiento político y que no se podrán suspender órdenes de captura ni de extradición para facilitar los procesos de sometimiento.
Reducciones de penas y condiciones para los integrantes de grupos criminales
El proyecto contempla un tratamiento penal diferenciado, de acuerdo con las responsabilidades que haya tenido cada integrante dentro de la organización.
Según el texto aprobado por el Senado, los miembros sin responsabilidades de dirección podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus condenas, mientras que quienes hayan ejercido funciones de mando tendrían una disminución máxima del 30 %.
La iniciativa también establece condiciones especiales para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores de edad y para los terceros que hayan administrado o mantenido bienes provenientes de actividades ilegales.
En el caso de los testaferros, se contempla una pena mínima de seis años, condicionada a la entrega de los bienes ilegales que se encuentren en su poder.
El proyecto incluye, además, mecanismos de cumplimiento de las sanciones bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entre ellos posibles alternativas de reclusión en centros o granjas agrícolas, siempre bajo las condiciones que establezca la ley.
El papel de la Cámara de Representantes
Después de la aprobación en el Senado, la iniciativa pasó a la Cámara de Representantes, donde continuaba la discusión del articulado.
El trámite tiene dos posibles caminos: si la Cámara aprueba exactamente el mismo texto del Senado, el proyecto podrá avanzar hacia la sanción presidencial. Si introduce modificaciones, será necesario convocar una comisión de conciliación para unificar las diferencias y someter el texto definitivo a consideración de ambas plenarias.
Durante la discusión en la Cámara también se presentaron controversias relacionadas con el procedimiento de votación de la ponencia y varias recusaciones contra congresistas. Sin embargo, estas situaciones no impidieron que continuara el debate.
La ponencia positiva fue aprobada nuevamente con 99 votos a favor y 39 en contra, después de que la Mesa Directiva aceptara reabrir la votación.
Prórroga de la Ley de Orden Público
Otro de los componentes de la iniciativa es la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que contempla instrumentos para atender asuntos relacionados con la seguridad y el orden público.
Con esta extensión se busca garantizar la continuidad de mecanismos como los programas de protección de testigos de la Fiscalía y el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior (Fonsecon).
Durante el debate, uno de los artículos que no logró respaldo fue el que permitía realizar contratación reservada con recursos de ese fondo para asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Una decisión pendiente en el Congreso
La aprobación en el Senado representa un avance en el trámite legislativo, pero el futuro de la Ley de Sometimiento depende de la decisión definitiva de la Cámara de Representantes y, si existen diferencias entre los textos, del posterior proceso de conciliación.
La iniciativa plantea un cambio en el tratamiento jurídico de las estructuras criminales, al priorizar su sometimiento a la justicia, la imposición de penas y la entrega de bienes ilegales, en lugar de abrir espacios de negociación política con estas organizaciones.
Su aprobación definitiva determinará las condiciones bajo las cuales el Estado colombiano podrá aplicar este nuevo mecanismo para buscar la desarticulación de estructuras criminales.
