La plenaria de la Cámara de Representantes tiene plazo hasta el 30 de octubre para corregir los problemas de trámite señalados por la Corte Constitucional en nueve artículos o apartes de la reforma pensional. La decisión podría determinar si esas disposiciones quedan en firme, mientras continúa la discusión sobre la entrada en vigor del nuevo sistema, prevista inicialmente para el 1 de abril de 2027.
El Congreso de la República enfrenta una nueva etapa en el trámite de la reforma pensional, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro. La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, pero devolvió a la Cámara de Representantes varios apartes para que se discutan y voten adecuadamente las propuestas que quedaron pendientes durante el procedimiento legislativo.
La plenaria tenía previsto abordar el asunto este martes 27 de octubre, en medio de la presión por cumplir el plazo establecido por el alto tribunal. La Mesa Directiva de la Cámara solicitó a la Corte una ampliación de 30 días hábiles, argumentando que el trámite coincidió con las discusiones del Presupuesto General de la Nación para 2027. Sin embargo, al cierre de los reportes consultados, no se había confirmado la aprobación de esa prórroga.
¿Qué está en juego?
Los puntos devueltos por la Corte incluyen disposiciones relacionadas con las cuentas de ahorro individual, la pensión integral de vejez, beneficios para mujeres que no alcanzan el número requerido de semanas cotizadas, reglas de transición y aspectos vinculados con la tributación de las pensiones.
En concreto, el trámite comprende el inciso cuarto del artículo 11; el artículo 14; el literal K del artículo 19; el parágrafo transitorio del artículo 23; el artículo 36; el inciso segundo del artículo 63; el numeral quinto del artículo 84; el inciso primero del artículo 92; el artículo 93 y una proposición para incorporar un artículo nuevo.
La revisión no implica que toda la reforma deba comenzar nuevamente su trámite legislativo. La orden judicial busca que la Cámara subsane los problemas de procedimiento identificados, garantizando que las proposiciones pendientes tengan la deliberación y votación correspondientes. Si no se corrigen oportunamente, las disposiciones observadas podrían quedar por fuera, aunque el resto de la reforma podría mantenerse vigente.
La fecha de entrada en vigor también está bajo discusión
De acuerdo con la decisión de la Corte, la mayor parte de la reforma está prevista para entrar en vigor el 1 de abril de 2027. No obstante, existen otras actuaciones judiciales que podrían modificar ese calendario.
El Ministerio de Hacienda solicitó abrir un incidente de impacto fiscal para sustentar la necesidad de aplazar durante un año la implementación de la reforma. La Corte Constitucional aceptó estudiar esa solicitud y otorgó al Gobierno un plazo de 30 días hábiles para presentar sus argumentos. Esta decisión no equivale a una autorización definitiva para aplazar la entrada en vigor.
Por su parte, Colpensiones ha advertido sobre las dificultades operativas para implementar el nuevo sistema en la fecha prevista y ha planteado la posibilidad de aplazarlo hasta abril de 2028. Esa propuesta también se encuentra dentro de la discusión sobre la preparación institucional y las condiciones necesarias para poner en marcha los cambios.
Una decisión con efectos para millones de afiliados
La reforma pensional establece cambios en la organización del sistema colombiano y contempla cuatro componentes: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual. Su implementación tiene implicaciones para los trabajadores, las personas próximas a pensionarse, quienes ya reciben una mesada y las entidades responsables de administrar los recursos.
Por esa razón, el desenlace del trámite legislativo y las decisiones posteriores de la Corte serán determinantes para conocer el alcance definitivo de las disposiciones pendientes y el calendario aplicable. Hasta que las autoridades competentes adopten y comuniquen sus decisiones, no debe darse por confirmado ni el resultado de la votación de la Cámara ni un eventual aplazamiento de la reforma.
La atención está puesta en la plenaria y en la respuesta de la Corte Constitucional a la solicitud de ampliación del plazo. Ambos asuntos forman parte de un proceso que busca resolver los cuestionamientos de procedimiento y precisar las condiciones jurídicas para la implementación del nuevo sistema pensional en Colombia.
