La Procuraduría General de la Nación reportó dos actuaciones disciplinarias relacionadas con la gestión pública en Colombia: una investigación por posibles irregularidades en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención integral a la primera infancia y la destitución e inhabilidad por 10 años de un funcionario del municipio de El Retiro, Antioquia, por hechos de acoso sexual contra una contratista.
Investigación por contratación en el ICBF
El organismo de control abrió una investigación disciplinaria contra Adriana Velásquez Lasprilla, exsubdirectora general del ICBF, y María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia, por presuntas irregularidades en un proceso contractual de 2024 destinado a prestar servicios de educación inicial y atención integral a la primera infancia.
La investigación busca establecer posibles anomalías en la planeación, estructuración y ejecución del proceso, así como eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales y deficiencias en la supervisión. La apertura de la investigación tiene como propósito esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad disciplinaria.
Destitución por acoso sexual en El Retiro
En una decisión de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Elkin Darío Franco García, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de El Retiro, Antioquia, tras establecer su responsabilidad en hechos de acoso sexual contra una contratista municipal.
Según el organismo de control, entre abril y diciembre de 2024, el funcionario realizó comentarios de connotación sexual, insinuaciones inapropiadas y acercamientos físicos no consentidos en distintos espacios laborales, conductas que afectaron la dignidad y los derechos fundamentales de la víctima.
La Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo y señaló que los hechos constituyeron actos de violencia de género en el ámbito institucional.
Ambas actuaciones forman parte de las acciones disciplinarias de la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control. Mientras el caso del ICBF se encuentra en etapa de investigación, la decisión contra el funcionario de El Retiro corresponde a un fallo de primera instancia.
