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MOE alerta sobre garantías para la prensa y la oposición de cara a las elecciones locales de 2027

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La Misión de Observación Electoral anunció el inicio del seguimiento a los comicios territoriales del próximo año y pidió prevenir la violencia política, garantizar la libertad de prensa y evitar el uso electoral de las ayudas para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

La Misión de Observación Electoral (MOE) inició el proceso de observación de las elecciones de autoridades locales de 2027, que contempla la elección popular de al menos 20.323 cargos, entre ellos gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales.

Según las estimaciones de la organización, cerca de 130.000 candidatas y candidatos podrían inscribirse para participar en la contienda. El seguimiento estará coordinado por 34 equipos regionales, con atención prioritaria en los municipios donde se identifiquen riesgos altos o extremos para el ejercicio libre de la política.

La MOE recordó que durante las elecciones territoriales de 2023 registró 91 hechos de alteración del orden público en 80 municipios. Según su análisis, gran parte de estos episodios estuvo relacionada con tensiones por presunta trashumancia electoral y decisiones sobre la revocatoria de inscripciones de candidaturas.

Ante este panorama, la organización pidió al Consejo Nacional Electoral resolver oportunamente las controversias para reducir la incertidumbre jurídica durante el proceso electoral.

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El calendario comenzará el 31 de octubre de 2026, con los procesos de inscripción de cédulas y registro de grupos significativos de ciudadanos. La MOE anunció que realizará seguimiento mensual a la inscripción de documentos de identidad para advertir posibles irregularidades.

Daños en instituciones educativas podrían afectar puestos de votación

Uno de los asuntos que concentrará la observación será la infraestructura educativa afectada por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información divulgada por la MOE, 423 municipios, equivalentes al 38 % del país, presentan daños en centros educativos, mientras que 5.309 sedes escolares resultaron afectadas, según el Decreto 1386 de 2026 del Ministerio de Educación.

Debido a que varias de estas instituciones suelen funcionar como puestos de votación, la organización solicitó diseñar planes de reconstrucción y alternativas logísticas que permitan garantizar el derecho al voto.

También recomendó incluir representantes del Fondo Milagro, encargado de la reconstrucción, y del Ministerio de Educación en las comisiones de seguimiento electoral.

La MOE indicó que vigilará especialmente la entrega de ayudas y la ejecución de obras de reconstrucción para prevenir que estos recursos sean utilizados para condicionar el voto o presionar a la ciudadanía.

Libertad de prensa, oposición y debate sin violencia

La organización insistió en que periodistas y medios de comunicación deben contar con garantías para informar sin presiones y acceder a la información pública. También pidió proteger el ejercicio de la oposición política y asegurar que las distintas voces puedan participar en el debate democrático sin amenazas ni restricciones.

Otro de los llamados se dirigió a los partidos políticos y a la ciudadanía para frenar los discursos de odio y la agresividad en las conversaciones digitales, especialmente las expresiones de violencia contra las mujeres y las poblaciones minoritarias.

La MOE advirtió que la polarización y las agresiones en los espacios virtuales representan un desafío para la participación democrática de cara a los comicios de 2027.

¿Cómo reportar posibles irregularidades?

La ciudadanía puede reportar anomalías electorales a través del portal www.pilasconelvoto.com y del WhatsApp 315 266 1969, canales señalados por la MOE para recibir información sobre posibles irregularidades relacionadas con las elecciones.

Con el inicio de la observación, la organización busca anticipar riesgos y promover condiciones que permitan unas elecciones con garantías, pluralidad política, libertad de información y participación ciudadana.

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