En la Sentencia T-322 de 2026, el alto tribunal reiteró la necesidad de regular penalmente la difusión no consentida de fotografías y videos íntimos. La decisión se produjo tras estudiar el caso de una mujer cuyo material privado fue obtenido sin autorización por su expareja y utilizado para amenazarla. La Corte ordenó eliminar los archivos, compulsó copias a la Fiscalía y dispuso medidas de protección.
La difusión de fotografías y videos íntimos sin autorización volvió al centro del debate jurídico en Colombia. La Corte Constitucional reiteró al Congreso de la República la necesidad de establecer las consecuencias penales específicas para quienes divulguen este tipo de contenidos sin el consentimiento de sus titulares.
El pronunciamiento está contenido en la Sentencia T-322 de 2026, emitida por la Sala Segunda de Revisión y publicada el 10 de noviembre. La decisión analiza una acción de tutela presentada por una mujer contra su expareja sentimental y la actual compañera de este, luego de que, según los hechos estudiados por el tribunal, ambos accedieran a material audiovisual privado y se produjeran amenazas de divulgación.
La Corte concluyó que las actuaciones vulneraron los derechos fundamentales de la mujer y de su hija menor de edad a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y a vivir una vida libre de violencia. También señaló que se comprometió el interés superior de la niña. Corte Constitucional+1
¿Qué ocurrió en el caso estudiado por la Corte?
De acuerdo con la sentencia, la mujer desarrollaba una actividad económica lícita mediante la producción de contenido para adultos, material que mantenía bajo reserva frente a su entorno familiar para proteger a su hija.
La situación se presentó cuando su expareja accedió sin autorización a sus dispositivos y archivos privados, obtuvo los videos íntimos y posteriormente los entregó a su actual compañera sentimental.
La mujer acudió a la justicia después de recibir amenazas relacionadas con la posible divulgación de ese material entre sus familiares y personas cercanas.
Al estudiar las pruebas, la Corte determinó que la amenaza no podía considerarse superada por el simple hecho de que la persona que tenía los videos manifestara que no pretendía publicarlos. Para el tribunal, mientras los archivos permanecieran en poder de terceros sin autorización, continuaba existiendo un riesgo para los derechos de la afectada.
Además, consideró que la amenaza podía extender sus consecuencias al entorno familiar de la mujer y afectar los derechos de su hija menor de edad. Corte Constitucional+1
El consentimiento no significa autorización para divulgar indefinidamente
Uno de los aspectos centrales de la decisión está relacionado con el consentimiento y la protección de la intimidad en los entornos digitales.
La Corte explicó que una persona puede autorizar la producción o exhibición de contenido íntimo en una plataforma determinada sin que esto signifique que cualquier tercero tenga permiso para obtenerlo, conservarlo, compartirlo o utilizarlo con otros propósitos.
El consentimiento debe ser claro, específico e inequívoco, además de poder revocarse. Por esta razón, aceptar la publicación de imágenes en un espacio digital no representa una renuncia a los derechos fundamentales sobre la propia imagen y la intimidad.
El tribunal también enfatizó que la actividad económica que desarrolla una persona no justifica la utilización de su material privado en contra de su voluntad.
En consecuencia, la difusión no autorizada de imágenes íntimas constituye una manifestación de violencia digital y sexual, que puede afectar la dignidad, la autonomía y la vida personal y familiar de las víctimas. Corte Constitucional+1
¿Qué ordenó la Corte?
La Sala Segunda de Revisión adoptó varias medidas para proteger los derechos de la accionante y garantizar que el material no continúe en poder de las personas involucradas.
Entre las principales órdenes se encuentran:
- Eliminar los archivos: las personas accionadas deben borrar definitivamente los videos, fotografías y demás contenidos íntimos en un plazo de 48 horas después de la notificación de la sentencia.
- Verificar la eliminación: el juzgado de primera instancia deberá realizar una diligencia para comprobar que los archivos fueron eliminados. Los involucrados deberán declarar bajo juramento que no conservan copias ni han compartido el material con terceros.
- Prohibir su divulgación: deberán abstenerse de publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar los contenidos a otras personas, por cualquier medio.
- Intervención de la Fiscalía: la Corte ordenó compulsar copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue las actuaciones.
- Acompañamiento a la víctima: la Defensoría del Pueblo deberá brindar apoyo a la mujer en los procesos penales que se deriven de la decisión.
Estas medidas buscan evitar que la protección de los derechos dependa únicamente de la voluntad de quienes mantienen los archivos privados en su poder. Corte Constitucional+1
¿Por qué la Corte pide al Congreso crear una regulación penal específica?
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la advertencia sobre un vacío de punibilidad en la legislación colombiana frente a la difusión no consentida de contenidos íntimos.
El tribunal considera que el ordenamiento jurídico necesita una regulación que establezca de manera directa las consecuencias penales de esta conducta.
Por esa razón, reiteró el exhorto dirigido al Congreso de la República para que, durante la siguiente legislatura, se pronuncie sobre las consecuencias punitivas que deberían aplicarse a quienes divulguen imágenes o videos íntimos sin autorización.
Sin embargo, la Corte aclaró que la ausencia de un delito autónomo y específico no significa que estas actuaciones estén completamente por fuera del derecho penal.
En el caso estudiado, señaló que algunas de las conductas podrían corresponder al delito de violación de datos personales, contemplado en el artículo 269F del Código Penal. También advirtió que las amenazas realizadas con el propósito de ejercer presión podrían configurar extorsión o constreñimiento ilegal.
Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes y establecer las posibles responsabilidades penales. Corte Constitucional+1
También habrá una guía para prevenir la violencia digital
La decisión incluye medidas adicionales para fortalecer la prevención y protección de las personas afectadas por la difusión no consentida de contenido íntimo.
La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar conjuntamente, en un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, una guía digital para prevenir estas conductas.
Además, exhortó nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura, junto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, a elaborar un protocolo para el manejo de material probatorio sensible en procesos judiciales, teniendo en cuenta los posibles riesgos para la intimidad y la propia imagen de las víctimas. Corte Constitucional+1
Una decisión que refuerza la protección de la intimidad en Colombia
La Sentencia T-322 de 2026 vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el país frente a las diferentes manifestaciones de violencia digital, especialmente cuando se utilizan fotografías o videos íntimos para amenazar, presionar o afectar la vida personal de otra persona.
El pronunciamiento también deja un mensaje sobre la responsabilidad de quienes acceden a este tipo de material: tener un archivo íntimo no significa contar con autorización para compartirlo o utilizarlo.
Mientras el Congreso estudia la necesidad de establecer una regulación penal específica, la Corte recuerda que las víctimas cuentan con mecanismos constitucionales de protección y que las conductas relacionadas con el acceso no autorizado, las amenazas y la divulgación pueden tener consecuencias legales.
La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, con la participación de los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Juan Carlos Cortés González.
Consulte la decisión completa: Sentencia T-322 de 2026 – Corte Constitucional
