Mediante el Auto 1538 del 4 de noviembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional requirió al Gobierno nacional para que presente una hoja de ruta con compromisos, metas y recursos destinados a avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz. El tribunal también alertó sobre dificultades presupuestales en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre ellas el bloqueo de aproximadamente $53.000 millones para proyectos productivos.
La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas concretas que permitan avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, particularmente en materia de garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y sus familias.
La determinación está contenida en el Auto 1538 de 2026, fechado el 4 de noviembre y expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022. La providencia tiene como magistrado sustanciador a Héctor Alfonso Carvajal Londoño y hace parte del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado por las dificultades para garantizar la seguridad de la población firmante del acuerdo en proceso de reincorporación.
En su decisión, el alto tribunal requirió al Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días hábiles, presente una hoja de ruta que permita identificar las acciones necesarias para avanzar en la implementación de los compromisos de paz, con objetivos, metas y recursos definidos, y su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Corte considera que no basta con reportar actividades o anunciar programas. Es necesario demostrar que las instituciones responsables cuentan con capacidad operativa y presupuestal para cumplir sus funciones y que las medidas adoptadas producen resultados verificables en los territorios.
La Corte pide fortalecer la capacidad institucional
Uno de los aspectos centrales de la providencia es la necesidad de garantizar una entidad con suficiente capacidad institucional, personal, recursos presupuestales y jerarquía administrativa para coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
El tribunal también identificó dificultades de articulación entre las instituciones, debilidades en los mecanismos de seguimiento y ausencia de indicadores suficientes para medir los resultados de las políticas de protección.
En ese contexto, recordó que el Acuerdo Final de Paz constituye una política de Estado y que sus compromisos deben tener continuidad, independientemente de los cambios de Gobierno. Las administraciones pueden definir los mecanismos para cumplirlos, pero no pueden eliminar las obligaciones, aplazarlas indefinidamente ni desfinanciar sustancialmente las garantías acordadas.
Alerta por recursos bloqueados en la ARN
Otro de los puntos que generó preocupación está relacionado con la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad responsable de acompañar los procesos de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz.
La Corte recogió una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre aproximadamente 53.000 millones de pesos que permanecen bloqueados, situación que estaría afectando la ejecución de proyectos productivos, beneficios económicos, antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y apoyos para traslados por razones de seguridad.
Adicionalmente, el tribunal expresó preocupación por el proyecto de presupuesto para 2027, que contempla una reducción del 79,1 % en los recursos de inversión de la ARN. Por esta razón, requirió al Gobierno explicar las razones de esta disminución y las medidas previstas para garantizar la continuidad de sus responsabilidades institucionales.
También estableció plazos de 20 días para otras instancias
La providencia no se limita a las exigencias presupuestales. La Sala Especial de Seguimiento también estableció requerimientos con plazos de 20 días hábiles para avanzar en el funcionamiento de diferentes mecanismos contemplados en el Acuerdo de Paz.
Entre ellos se encuentran la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Asimismo, solicitó a la ARN garantizar el funcionamiento del mecanismo de seguimiento a la reincorporación, con información sobre los avances, indicadores y resultados de los programas en los territorios.
El cumplimiento será objeto de seguimiento judicial
Los plazos establecidos comenzarán a contarse a partir de la notificación del auto. Una vez recibidas las respuestas de las entidades requeridas, la Corte evaluará si las órdenes se están cumpliendo y si las medidas institucionales cuentan con condiciones suficientes para garantizar la seguridad y los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz.
El tribunal advirtió que las respuestas incompletas podrían dar lugar a nuevas decisiones dentro del proceso de seguimiento, incluida la declaratoria de incumplimiento de las órdenes judiciales.
El pronunciamiento vuelve a poner en discusión la responsabilidad del Estado frente a las garantías de seguridad, la reincorporación económica y social y la continuidad de los compromisos adquiridos con quienes suscribieron el Acuerdo Final de Paz.
La principal exigencia de la Corte es que los compromisos se traduzcan en acciones concretas, con responsables, financiación y resultados que puedan ser verificados.
