Las cifras de la Fiscalía General de la Nación mantienen la alerta sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Antioquia. La Gobernación avanza en la formulación de una política pública para prevenir estas agresiones, con acciones dirigidas a los entornos familiares, educativos, comunitarios, institucionales y digitales.
Antioquia registra 2.631 delitos sexuales denunciados e investigados contra menores de 18 años en lo corrido de 2026. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, el 83 % de las víctimas son niñas, un panorama que mantiene la preocupación de las autoridades y plantea nuevos desafíos para la protección de la niñez y la adolescencia en el departamento.
Frente a esta situación, la Gobernación de Antioquia avanza en la estructuración de una política pública para prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. La iniciativa fue presentada durante el Consejo Departamental para la Política Social y Equidad y busca fortalecer la articulación entre las instituciones, las familias y las comunidades para prevenir las violencias y garantizar entornos protectores.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el lugar donde se presentan estos hechos. Según Isabel Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, el 50 % de los casos ocurre en el hogar y el presunto agresor sería un familiar o una persona cercana al entorno de la víctima.
La funcionaria hizo un llamado a fortalecer la protección de los menores desde las familias y recordó que los adultos tienen la responsabilidad de garantizar sus cuidados y seguridad.
Las cifras también muestran un comportamiento preocupante en los últimos años. Durante 2024 se reportaron 4.397 casos denunciados e investigados, mientras que en 2025 la cifra llegó a 4.787. Los 2.631 registros de 2026 corresponden a un periodo todavía en curso, por lo que no deben compararse directamente con los totales de años completos.
Una política pública con participación de diferentes sectores
La propuesta departamental contempla acciones de prevención en cinco entornos: familiar, educativo, comunitario, institucional y digital.
Para su construcción se busca articular a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Unicef y la Asamblea de Antioquia, entre otras organizaciones.
El propósito es establecer responsabilidades compartidas, fortalecer los mecanismos de prevención y mejorar la coordinación institucional para activar oportunamente las rutas de atención cuando se identifiquen situaciones de riesgo o posibles vulneraciones de derechos.
La Gobernación espera presentar el documento de política pública ante la Asamblea Departamental durante el primer semestre de 2027, una vez concluyan los espacios de socialización y articulación con los diferentes sectores.
Más de 10.000 menores han recibido herramientas de autocuidado
Mientras avanza la formulación de esta política, la administración departamental desarrolla la campaña Antioquia nos protege, orientada a prevenir diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Según el balance de la Gobernación, durante 2026 un total de 10.320 menores han recibido herramientas de autocuidado para reconocer y prevenir situaciones de violencia.
Adicionalmente, 2.400 actores institucionales han sido capacitados en prevención de la violencia sexual y la explotación sexual comercial en 82 municipios.
La estrategia también reporta la movilización de 10.176 personas en los 125 municipios de Antioquia contra el trabajo infantil y la explotación sexual de menores. Estas actividades se complementan con la activación de rutas de atención y el acompañamiento a niños, adolescentes y sus cuidadores.
El desafío para las autoridades departamentales y municipales será fortalecer las acciones de prevención, garantizar la atención oportuna a las víctimas y mejorar los mecanismos de protección en los territorios. Las cifras evidencian la necesidad de involucrar a las familias, las instituciones educativas y las comunidades en la identificación de señales de alerta y la denuncia de posibles situaciones de violencia.
