Por: César Asprilla “El Maestro”, docente, fundador y director de la REEA y de TV Golfo Urabá. Apasionado por las TIC, la educación, la radio y el periodismo como herramientas para fortalecer la comunicación, la innovación pedagógica y la participación estudiantil. Locutor y periodista diletante, con raíces en el Chocó.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó ante la Comisión Sexta del Senado las principales dificultades del sector y las acciones previstas para atenderlas. Entre las prioridades están la reestructuración del Programa de Alimentación Escolar, la transición del sistema de salud del magisterio, la atención de miles de trámites represados y el fortalecimiento de la evaluación educativa.
El Ministerio de Educación Nacional presentó una hoja de ruta para atender diferentes dificultades del sistema educativo colombiano, durante una reunión de la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda con los integrantes de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado, realizada en Bogotá el 11 de noviembre de 2026.
Durante el encuentro, la funcionaria expuso las condiciones administrativas de la cartera, los problemas identificados en varias entidades del sector y las prioridades que deberá atender el Gobierno nacional. Los senadores, por su parte, plantearon inquietudes relacionadas con las necesidades educativas de sus regiones, incluyendo la situación del magisterio, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la educación superior y la infraestructura educativa.
La ministra sostuvo que el Ministerio debe fortalecer su capacidad para orientar la política pública y establecer lineamientos que permitan mejorar el funcionamiento del sistema educativo.
«El ministerio no tiene ni los profesores, ni las instituciones educativas, ni a los estudiantes. ¿Cuál es su misión? Habilitar y establecer unos lineamientos, generar políticas públicas en torno al tema educativo», explicó Hoyos. Ministerio de Educación Nacional
PAE: anuncian una reestructuración integral
Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el Programa de Alimentación Escolar, que según el Ministerio requiere una revisión de su funcionamiento.
La ministra informó que se han identificado inconsistencias y casos de corrupción que, según explicó, hacen necesaria una reestructuración para fortalecer los mecanismos de control, mejorar la utilización de los recursos y promover una mayor articulación con las economías locales.
El propósito es mejorar la efectividad del programa, que cumple una función importante en la alimentación de los estudiantes, la permanencia escolar y el acompañamiento a las familias.
«Este es un programa que responde a una gran articulación entre Estado, sociedad y familia», manifestó la funcionaria.
Para departamentos como Antioquia y subregiones como Urabá, donde miles de estudiantes dependen de este servicio, las decisiones que se adopten sobre el PAE tendrán especial importancia. Sin embargo, durante el encuentro no se anunciaron medidas específicas de intervención para los municipios de esta región.
FOMAG: transición tras 36 años de contrato con Fiduprevisora
Otro de los temas abordados fue la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que reúne aproximadamente 830.000 personas, entre ellas cerca de 330.000 maestros, según las cifras presentadas por la ministra.
Hoyos explicó que la decisión de no prorrogar el contrato con Fiduprevisora, después de 36 años de administración y 43 otrosíes, respondió a las dificultades identificadas en la prestación de los servicios.
«Las quejas son constantes de la indebida prestación de ese servicio», señaló.
La decisión dio paso a un proceso de transición que, de acuerdo con el anuncio oficial del Ministerio, comenzó el 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por otro periodo igual.
Durante esta etapa, el Gobierno deberá garantizar la continuidad de la atención en salud, los tratamientos en curso, el acceso a medicamentos y el reconocimiento de las prestaciones económicas de los afiliados.
Icfes: buscan recuperar las pruebas censales
La ministra también manifestó preocupación por el funcionamiento del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y por lo que considera un debilitamiento de su función evaluadora.
Entre las medidas planteadas está avanzar en el restablecimiento de las pruebas censales, que, según el Ministerio, no se realizan desde 2017. También se revisarán los sistemas de información, la contratación y los costos de funcionamiento del Instituto.
La funcionaria indicó que, hasta octubre de 2026, se habían presentado más de 1.276 acciones de tutela contra el Icfes, situación que calificó como preocupante frente a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La revisión estará a cargo de la dirección general encargada del Instituto, encabezada por Maribel Castro Flórez, quien asumió esa responsabilidad el 10 de noviembre.
Cerca de 12.000 convalidaciones y 4.500 registros académicos pendientes
La atención de los trámites represados en el Ministerio también hace parte de las prioridades expuestas ante los congresistas.
Hoyos informó que se adelanta un plan de choque para atender cerca de 12.000 solicitudes de convalidación de títulos académicos que permanecen pendientes, además de aproximadamente 4.500 registros académicos que requieren gestión.
La ministra reconoció las dificultades administrativas encontradas y señaló que la entidad trabaja para descongestionar estos procedimientos.
«Poner la casa en orden no ha sido nada fácil», expresó durante su intervención.
Educación superior y próximo Plan Nacional de Desarrollo
En materia de educación superior, la ministra planteó la necesidad de revisar la Ley 30 de 1992 para avanzar hacia un modelo que otorgue mayor autonomía a las universidades e instituciones de educación superior, acompañado de mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas.
La propuesta busca reducir la dependencia de algunas autorizaciones del Ministerio y fortalecer la capacidad de autorregulación de las instituciones.
También señaló que el sistema educativo debe responder a los cambios tecnológicos, particularmente a los avances de la inteligencia artificial, las necesidades de formación integral y las nuevas exigencias del mercado laboral.
Otro de los anuncios fue que la educación ocupará el segundo eje del próximo Plan Nacional de Desarrollo, después de la superación de las brechas territoriales. La ministra indicó que ya existe una primera versión de esta propuesta y convocó a los congresistas a participar en su construcción.
Los retos para las regiones
Los integrantes de la Comisión Sexta destacaron la importancia de mantener una interlocución permanente con el Ministerio y propusieron establecer una agenda de trabajo que permita hacer seguimiento a las necesidades educativas de los territorios.
Para regiones como Urabá, los temas expuestos tienen implicaciones directas en la prestación del servicio educativo, especialmente en la alimentación escolar, las garantías de salud y prestaciones para los docentes, la atención administrativa y la calidad de la evaluación educativa.
No obstante, los anuncios presentados corresponden a una agenda nacional y todavía deberán traducirse en decisiones, cronogramas y acciones concretas para cada uno de estos frentes.
La reunión concluyó con el compromiso de mantener el diálogo entre el Ministerio y el Congreso para avanzar en las reformas y medidas que requiere el sector educativo colombiano.
