Durante el operativo, las autoridades hallaron nueve bocaminas activas y reportaron la posible existencia de túneles ilegales que conectarían con explotaciones mineras formales. Los predios habrían sido utilizados como apoyo logístico para actividades de extracción irregular de oro, según información de la Policía Nacional.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó 10 inmuebles bajo su administración en el municipio de Buriticá, Antioquia, que presuntamente habrían sido utilizados para facilitar actividades relacionadas con la explotación ilícita de oro.
La intervención, realizada el 21 de octubre de 2026, contó con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el ESMAD, la Personería Municipal y la Alcaldía de Buriticá.
De acuerdo con información suministrada por la Policía, los predios habrían servido como puntos de apoyo logístico y operativo para estructuras dedicadas a la explotación ilegal de yacimientos auríferos, la habilitación de bocaminas clandestinas y el transporte irregular del mineral extraído.
Durante las inspecciones realizadas en los inmuebles, las autoridades encontraron nueve bocaminas activas. Además, reportaron la presunta existencia de túneles ilegales que se extenderían hacia desarrollos mineros formales que se encuentran en operación.
Según la información divulgada por la SAE, esta práctica ha sido denunciada en la zona y estaría relacionada con disputas por el control de la extracción ilícita de oro.
Algunos de los inmuebles, que aparentemente tenían uso residencial o correspondían a predios rurales, habrían sido empleados para suministrar víveres, agua, energía y otros insumos necesarios para sostener estas actividades.
Explotación ilícita de oro y hechos violentos
La SAE señaló que la explotación ilícita de oro en Buriticá está asociada a situaciones de violencia, entre ellas ataques armados, explosiones y el uso de artefactos explosivos improvisados.
Estas circunstancias representan riesgos para los trabajadores mineros, las comunidades cercanas y las autoridades que realizan labores de control en el territorio.
La disputa por las rentas derivadas de la extracción irregular de oro también afecta la seguridad de la región y contribuye al sostenimiento de economías ilícitas.
SAE busca proteger los bienes bajo su administración
La entidad explicó que la recuperación de los 10 inmuebles hace parte de las acciones para verificar el uso adecuado de los bienes bajo su responsabilidad y evitar que sean destinados a actividades contrarias a la ley.
Como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), la SAE tiene a su cargo la gestión de activos que deben preservarse y administrarse de manera responsable.
La entidad reiteró que continuará articulando acciones con otras instituciones del Estado para proteger el patrimonio administrado, prevenir el uso de inmuebles en actividades ilegales y contribuir a la seguridad de las comunidades.
Hasta el momento, la información divulgada se refiere al presunto uso de los predios para apoyar la explotación ilícita de oro; no se detallan en el comunicado eventuales capturas ni decisiones judiciales relacionadas con estos inmuebles.
