GOBIERNO ANUNCIA FIN DEL CONTRATO CON FIDUPREVISORA Y ABRE TRANSICIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD DEL MAGISTERIO

Después de 36 años de vigencia, el Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato de fiducia del FOMAG con Fiduprevisora. La transición comenzará el 1 de noviembre de 2026 y tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más. La ministra de Educación anunció una auditoría forense y aseguró que se garantizará la continuidad de los servicios de salud y las prestaciones económicas de los maestros y sus familias.

El sistema de salud del magisterio colombiano entra en una nueva etapa administrativa. El Ministerio de Educación Nacional anunció el 30 de octubre la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil número 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A. para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), cuyo plazo vence el 31 de octubre de 2026.

La determinación fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG. Según el comunicado oficial, estuvo sustentada en recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, de los representantes de FECODE, así como en revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión y hallazgos de entidades de control.

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La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la decisión se tomó después de revisar los informes técnicos y atender las recomendaciones de los integrantes del Consejo Directivo. La funcionaria calificó la determinación como histórica y señaló que busca proteger los derechos de los educadores y sus familias, así como garantizar las prestaciones establecidas en la Ley 91 de 1989.

«La decisión de no prorrogar el contrato de fiducia suscrito entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora el 21 de junio del año 1990 se toma por considerar que debe proteger los derechos de los maestros, de sus familias y asegurarles las prestaciones previstas en la Ley 91 de 1989», manifestó la ministra.

Uno de los principales compromisos anunciados por el Gobierno está relacionado con la continuidad de la atención médica durante el proceso de transición. Sobre este punto, Hoyos Castañeda fue enfática: «La no prórroga del contrato no significa, en ningún caso, la afectación de los servicios de salud».

La transición comenzará el 1 de noviembre de 2026, tendrá una duración inicial de un año y podrá prorrogarse por otro más. Durante ese periodo, el Gobierno anunció que adoptará las medidas necesarias para mantener la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, además del trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas, como pensiones y cesantías.

La ministra también anunció que se adelantarán los estudios necesarios para establecer las condiciones de una futura licitación pública, bajo principios de transparencia y participación. El objetivo, según explicó, es definir un nuevo esquema que permita ofrecer el servicio de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989.

Otro de los anuncios centrales fue la solicitud de una auditoría forense para investigar lo ocurrido durante los 36 años de ejecución del contrato con Fiduprevisora. «Hemos solicitado de manera expresa una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato», afirmó la funcionaria.

Asimismo, indicó que el Ministerio solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de liquidación y transición, y que este organismo tendrá presencia en las mesas técnicas convocadas para hacer seguimiento al proceso.

Por su parte, el Ministerio de Educación informó que solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades para asegurar la operación durante la transición. También pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar seguimiento y vigilancia para que las instituciones prestadoras de servicios de salud garanticen la atención a los maestros y sus familias.

ADIDA ESPERA SOLUCIONES CONCRETAS

Mientras el Gobierno anuncia estos cambios, las inconformidades por las dificultades en la prestación de los servicios médicos continúan entre los educadores. En Antioquia, la fiscal de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Sandra Roldán, manifestó que la crisis de salud del magisterio no es responsabilidad de la organización sindical y señaló que las soluciones deben provenir de las entidades encargadas de administrar y garantizar el servicio.

Roldán confirmó que ADIDA participará en una reunión programada para el próximo 4 de noviembre, en la que espera recibir respuestas claras y concretas frente a la situación. También explicó que el sindicato no asistió al encuentro previsto para el 29 de octubre porque, según su declaración, no estaban dadas las condiciones para tomar decisiones, pues el Consejo Directivo del FOMAG tenía programada su reunión para el día 30.

La dirigente sindical hizo, además, un llamado a los maestros para que respalden las decisiones que pueda adoptar la organización, incluida una eventual convocatoria a paro. Señaló que, aunque existe preocupación por las dificultades en la atención médica, considera necesario que esa inconformidad se refleje en la participación y el acompañamiento a las acciones colectivas.

La decisión de no prorrogar el contrato con Fiduprevisora representa un cambio importante en la administración del FOMAG, pero no resuelve por sí sola las dificultades que vienen denunciando los educadores. El resultado dependerá de la ejecución de las medidas anunciadas, de la continuidad efectiva de los servicios y de las decisiones que se adopten para el futuro del sistema.

Para los maestros y sus familias, la principal expectativa sigue siendo que las dificultades relacionadas con citas médicas, entrega de medicamentos, tratamientos y atención especializada tengan solución. La transición anunciada por el Gobierno deberá traducirse en garantías concretas, pues la salud del magisterio no puede quedar sometida a interrupciones ni a incertidumbres administrativas.