Por: César Asprilla “El Maestro”, docente, fundador y director de la REEA y de TV Golfo Urabá. Apasionado por las TIC, la educación, la radio y el periodismo como herramientas para fortalecer la comunicación, la innovación pedagógica y la participación estudiantil. Locutor y periodista diletante, con raíces en el Chocó.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, informó sobre seis situaciones detectadas durante la revisión administrativa de la Unidad de Alimentación Escolar (UApA), correspondientes al periodo 2022-2026. Entre los hallazgos se mencionan contratistas que presuntamente no prestaron servicios, un sistema tecnológico que no estaría funcionando y actividades de proselitismo político en equipos territoriales. El Ministerio anunció medidas de reorganización y trasladó la documentación a los organismos de control.
La gestión de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó bajo revisión del Ministerio de Educación Nacional, después de que una auditoría interna identificara presuntas irregularidades administrativas, debilidades en la asignación presupuestal y problemas en los mecanismos de seguimiento del programa.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció el 14 de noviembre que la cartera trasladó a los organismos de control los hallazgos encontrados en la revisión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), entidad encargada de orientar y fortalecer la política nacional de alimentación escolar.
La revisión comprende el periodo 2022-2026 y señala dificultades que, según el Ministerio, podrían comprometer la transparencia en el manejo de los recursos y la capacidad institucional para vigilar la entrega efectiva de alimentos a los estudiantes.
«Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles», afirmó la ministra. Ministerio de Educación Nacional
Seis situaciones detectadas en la revisión de la UApA
El Ministerio presentó seis asuntos que considera críticos y que motivaron el traslado de la documentación a las autoridades competentes.
1. Asignación de recursos sin metodología técnica
En las mesas de trabajo adelantadas con la Contraloría General de la República se identificaron asignaciones presupuestales que, según el Ministerio, no contaban con una metodología suficientemente sustentada para establecer los criterios de distribución.
La cartera señaló que esta situación habría comprometido la trazabilidad y el seguimiento de los recursos destinados a las entidades territoriales.
2. Posibles sobrecostos en entidades territoriales
La revisión también identificó estimaciones de sobrecostos en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), responsables de la prestación del servicio educativo en sus respectivas jurisdicciones.
El Ministerio considera necesario fortalecer los controles sobre la estructura de costos para evitar que los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes se vean afectados por gastos que no estén debidamente justificados.
Sin embargo, el comunicado no identifica cuáles entidades territoriales estarían involucradas ni precisa el valor de los sobrecostos detectados.
3. Sistema tecnológico SIPAE recibido sin funcionamiento
Otro de los hallazgos está relacionado con el Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (SIPAE), contratado con Colombia Digital.
Según el Ministerio, el sistema fue recibido sin estar operativo. Además, después de la firma del contrato se establecieron cinco criterios de asignación que resultaron incompatibles con las condiciones inicialmente contratadas.
La situación habría dejado a la UApA sin una herramienta tecnológica funcional para administrar adecuadamente la información y los procesos relacionados con el programa.
4. Contratación aumentó más del 100 % durante 2026
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es el crecimiento de los contratos por prestación de servicios durante 2026.
De acuerdo con el Ministerio, esta modalidad de contratación aumentó más del 100 % frente a vigencias anteriores. Al revisar los documentos de supervisión, encontraron casos de contratistas que presuntamente nunca se presentaron a la entidad y otros en los que no se acreditaron actividades relevantes.
El comunicado no precisa el número de contratos cuestionados, los valores comprometidos ni la identidad de las personas involucradas. Estos aspectos deberán ser examinados por los organismos de control.
5. Presunto proselitismo político en equipos territoriales
La revisión también detectó presuntas actividades de proselitismo político realizadas por contratistas que integraban equipos territoriales de la UApA.
El Ministerio relacionó esta situación con deficiencias en la supervisión de las actividades institucionales y en la vigilancia sobre la entrega efectiva de los alimentos en los establecimientos educativos.
Frente a este hallazgo, la cartera informó que suspendió los contratos de las personas señaladas y trasladó las denuncias a los organismos de control.
6. Quejas ciudadanas sin seguimiento suficiente
Finalmente, el Ministerio identificó debilidades en la recepción y trazabilidad de las alertas ciudadanas sobre el funcionamiento del PAE.
La revisión evidenció la necesidad de fortalecer los canales directos de atención, hacer seguimiento individual a las denuncias y mejorar la coordinación con las autoridades de vigilancia y control.
¿Qué medidas anunció el Ministerio?
Ante las situaciones identificadas, la ministra informó que ya se adelantan acciones para reorganizar la UApA, fortalecer los controles y mejorar la administración del programa.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales, con el propósito de establecer una metodología de distribución basada en beneficiarios verificables, necesidades de cada territorio, condiciones de las entidades y costos debidamente sustentados.
También se puso en marcha una revisión gerencial del SIPAE, con responsables, entregables y pruebas de funcionamiento para determinar si la herramienta puede responder a las necesidades de administración y seguimiento.
En materia contractual, el Ministerio informó que comenzó un proceso de depuración de la planta de contratistas y que está estructurando el equipo de trabajo para 2027 bajo criterios de resultados.
La cartera también señaló que implementó medidas de austeridad que permitieron reducir en un 9 % mensual los costos de su espacio de operación, con un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos, según el balance presentado. El comunicado no especifica el periodo utilizado para calcular ese ahorro.
En cuanto al presunto proselitismo político, la entidad aseguró que suspendió los contratos de las personas relacionadas con estas actividades y estableció mayores controles sobre las reuniones de los equipos territoriales con las comunidades.
¿Qué significa esta revisión para los estudiantes y las comunidades educativas?
El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia fundamental para favorecer la permanencia de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, especialmente en territorios rurales y comunidades con mayores dificultades económicas.
Por eso, los problemas administrativos y contractuales identificados adquieren especial relevancia: la gestión de los recursos debe traducirse en alimentos entregados oportunamente, con calidad y en las cantidades correspondientes a los beneficiarios.
El anuncio del Ministerio también cobra importancia frente a las metas de cobertura para el próximo año.
En octubre, la cartera educativa confirmó una inversión proyectada de 3,1 billones de pesos para 2027, destinada a las 97 Entidades Territoriales Certificadas. La cobertura del PAE se ubicaba en el 85 % a julio de 2026 y la meta anunciada para el próximo año es alcanzar el 88 %.
Urabá también necesita garantías en la operación del PAE
En el Urabá antioqueño, donde el Programa de Alimentación Escolar representa un apoyo importante para miles de estudiantes, los hallazgos nacionales plantean la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre los recursos, los operadores y la entrega efectiva de los complementos alimentarios.
En las instituciones educativas rurales y dispersas, garantizar que los alimentos lleguen oportunamente requiere planeación, supervisión y controles que permitan identificar cualquier incumplimiento.
No obstante, es importante precisar que el comunicado del Ministerio no señala específicamente a las entidades territoriales de Antioquia ni a operadores del PAE en Urabá como responsables de las situaciones identificadas. Los hallazgos divulgados corresponden a una revisión de alcance nacional.
La situación también recuerda la importancia de los Comités de Alimentación Escolar y de la participación de padres de familia, docentes y directivos en el seguimiento al servicio que reciben los estudiantes.
Los organismos de control deberán determinar las responsabilidades
El traslado de los hallazgos a las autoridades competentes abre una etapa de revisión que permitirá establecer si las situaciones identificadas configuran incumplimientos administrativos, fiscales, disciplinarios o eventualmente otras responsabilidades.
Por ahora, las afirmaciones corresponden a los resultados de la revisión presentados por el Ministerio de Educación. No constituyen, por sí mismas, una declaración definitiva de responsabilidad de los contratistas, antiguos funcionarios o entidades territoriales mencionadas de manera general.
El desafío institucional será que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar cumplan efectivamente su propósito.
La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda insistió en que la prioridad debe ser proteger los recursos públicos y garantizar los derechos de los estudiantes.
«La alimentación, el derecho a la educación y el futuro de nuestros niños no se negocian», concluyó la funcionaria.
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