El presidente anunció que la propuesta de rescate económico será ajustada para excluir nuevos cobros de IVA sobre los alimentos y el sector agropecuario. Sin embargo, la oposición atribuye el cambio a la presión política y ciudadana, y advierte que todavía existen otros puntos polémicos dentro de la iniciativa que deberá discutirse en el Congreso.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, aseguró que su Gobierno no impondrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario.
El anuncio fue realizado durante una alocución el domingo 15 de noviembre, en la que el mandatario se refirió a la propuesta de Ley de Rescate Económico y a los ajustes que, según explicó, se realizaron después de las observaciones del equipo técnico del Ministerio de Hacienda.
De La Espriella afirmó que desde el inicio de la formulación de la propuesta había solicitado no modificar el tratamiento tributario de los productos de la canasta básica. Sin embargo, reconoció que los técnicos de Hacienda consideraron inicialmente inviable esa instrucción.
Según explicó, después de varios análisis y siguiendo sus indicaciones, el equipo económico ajustó la propuesta para proteger los alimentos y mantener la meta de recaudo, lo que, en sus palabras, implicaría un mayor esfuerzo por parte del Estado.
«Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA», manifestó el presidente.
El mandatario también señaló que el proyecto continúa en construcción y que está dispuesto a concertar modificaciones con los partidos políticos y los diferentes sectores. Aclaró que no considera innegociable la aprobación de la iniciativa en los términos en que fue presentada inicialmente.
La oposición atribuye el cambio a la presión política y ciudadana
Las declaraciones del mandatario generaron reacciones de diferentes sectores políticos. Desde sectores de oposición, dirigentes sostuvieron que el retiro de la propuesta de gravar los alimentos fue consecuencia de las críticas, la presión ciudadana y la falta de respaldo político suficiente en el Congreso.
Miguel Grisales, dirigente del Pacto Histórico, cuestionó que el presidente presentara el cambio como una decisión propia y aseguró que la propuesta no tenía posibilidades de avanzar en el Legislativo.
«Usted no reculó por convicción, sino porque sabía que su propuesta no tenía cómo pasar en el Congreso. Esto es una derrota suya y su ministro Miguel Gómez debe renunciar», expresó.
El senador Ferney Silva Idrobo también atribuyó la modificación a la presión ciudadana y reiteró su llamado a participar en la jornada de movilización convocada para el próximo 19 de noviembre.
En la misma línea, Camilo Romero calificó el anuncio como un resultado de la presión ejercida por la ciudadanía y la oposición. Por su parte, Johana Osorio y José Cuesta Novoa señalaron que excluir el IVA a los alimentos no resuelve las demás diferencias que mantienen frente al contenido de la reforma.
Los otros puntos que generan preocupación
Los cuestionamientos no se limitan al impuesto sobre los alimentos. La representante Mafe Carrascal Rojas ha señalado reparos frente a otros componentes de la iniciativa, entre ellos los cambios en la contratación estatal, los aportes a salud de trabajadores e independientes y las modificaciones propuestas en los impuestos de renta y patrimonio.
También se han cuestionado las facultades extraordinarias que el proyecto contempla para el presidente durante seis meses, con las cuales podría reorganizar, fusionar o suprimir entidades de la administración pública.
A esto se suman las disposiciones relacionadas con la enajenación de activos del Estado. Algunos dirigentes de oposición han advertido sobre las posibles implicaciones de estas medidas para empresas públicas como Ecopetrol y Reficar.
Los sectores críticos también han planteado preocupaciones sobre los posibles efectos de la iniciativa en el empleo, el costo de vida y la capacidad económica de los hogares de menores ingresos.
Con estos argumentos, varios dirigentes de oposición respaldaron la convocatoria a la movilización del 19 de noviembre, en la que se prevé expresar el rechazo a otros componentes de la Ley de Rescate Económico.
También hubo reparos desde sectores cercanos al Gobierno
La discusión no se limitó a la oposición de izquierda. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó el anuncio de excluir nuevos cobros de IVA a la canasta familiar y calificó la decisión como motivo de tranquilidad para los hogares colombianos.
El Centro Democrático también celebró el cambio. No obstante, algunos de sus representantes manifestaron que todavía tienen preocupaciones por otros cobros contemplados en la propuesta, especialmente los relacionados con la medicina prepagada y el servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano respaldó la decisión presidencial, aunque insistió en que Colombia enfrenta una situación fiscal compleja y que es necesario avanzar en un ajuste de las finanzas públicas.
Estas posiciones muestran que las diferencias frente al proyecto no están concentradas exclusivamente en los partidos de oposición, sino que también existen reparos entre sectores que han acompañado algunas iniciativas del Ejecutivo.
El proyecto todavía debe pasar por el Congreso
La Ley de Rescate Económico fue radicada por el Gobierno el 29 de octubre de 2026 y corresponde al Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara y 328 de 2026 Senado. Su propósito es estabilizar las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto, medidas tributarias y mecanismos para impulsar la inversión y el crecimiento económico.
En su versión inicial, la iniciativa contemplaba modificaciones al IVA sobre diferentes bienes y servicios, incluidos productos que actualmente tienen tratamientos tributarios preferenciales o se encuentran excluidos del impuesto. La propuesta también planteaba el mecanismo denominado EfectIVA, diseñado para devolver el IVA a personas de menores ingresos.
Frente a este último mecanismo, el Ministerio de Hacienda explicó que los beneficiarios podrían recibir la devolución incluso sin contar con factura electrónica, mediante transferencias administradas por el Departamento de Prosperidad Social.
El proyecto todavía no es ley de la República. Para el martes 17 de noviembre está prevista una reunión de los coordinadores y ponentes de las comisiones económicas, como parte de la preparación del primer debate legislativo.
Por ahora, el anuncio presidencial representa el compromiso de modificar la propuesta inicial, pero será necesario conocer el texto ajustado para establecer con precisión qué disposiciones tributarias se mantienen, cuáles se retiran y cómo pretende el Gobierno alcanzar las metas de recaudo.
La discusión continuará en el Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que buscar acuerdos para sacar adelante su iniciativa. Mientras tanto, la oposición mantiene sus cuestionamientos y prepara movilizaciones contra otros componentes del proyecto.
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