Articulo de Opinión por: César Asprilla, “El Maestro”, es docente, locutor y periodista, originario del Chocó. Fundador y director de la REEA, se ha destacado por impulsar las TIC y la radio escolar como herramientas pedagógicas innovadoras para fortalecer la educación, la comunicación y la participación estudiantil.
El Contralor General de la República no es un funcionario más. Tiene en sus manos una de las responsabilidades más importantes del Estado: vigilar cómo se manejan los recursos públicos y ejercer control sobre quienes administran el dinero de todos los colombianos. Por eso, su independencia debería estar por encima de cualquier cercanía política. Colombia necesita una Contraloría que pueda investigar, cuestionar y ejercer control incluso cuando sus decisiones incomoden a quienes tienen poder. La figura del Contralor no debería estar atada a partidos, grupos políticos ni compromisos que puedan terminar condicionando su actuación.
Y precisamente por eso el mérito debería tener un peso real en su elección. Si se convoca a los aspirantes, se revisan sus hojas de vida, se evalúan sus conocimientos, experiencia, formación y capacidades, es razonable que los ciudadanos esperen que todo ese proceso sirva para identificar al candidato mejor preparado. En esta elección, Luis Enrique Abadía García obtuvo 86,74 puntos y ocupó el primer lugar de la lista de elegibles, por encima de los demás candidatos. Ese resultado no debería ser visto simplemente como un requisito cumplido para continuar en carrera, sino como la expresión de un mérito que debería tener algún peso al momento de tomar la decisión definitiva.
Pero es justamente ahí donde aparece la gran contradicción. Abadía quedó primero en la evaluación y, aun así, no fue elegido. El Congreso tenía la facultad constitucional de escoger entre los integrantes de la lista de elegibles y finalmente se inclinó por Jorge Eliécer Laverde. Es decir, el mérito permitió llegar a la lista, pero no necesariamente acercó al candidato al cargo. Y entonces surge una pregunta que no debería incomodarnos: ¿para qué hacemos una evaluación técnica tan rigurosa si, al final, ser el primero no representa una ventaja determinante frente a quien ocupó un lugar inferior? Si después de demostrar conocimientos, experiencia y capacidades todo vuelve a depender del respaldo político, pareciera que lo realmente importante no es ser el mejor evaluado, sino lograr los votos suficientes.
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No estoy diciendo que el Congreso no deba elegir. Esa es su competencia y debe respetarse. Lo que sí considero necesario es revisar la forma en que se construye esa elección. El voto de los congresistas debería contar, por supuesto, pero debería ser un elemento dentro de una decisión en la que el mérito tenga un peso mucho mayor. Porque si el Congreso puede escoger libremente entre los elegibles sin que el resultado de la evaluación tenga una incidencia verdaderamente significativa, entonces la etapa técnica corre el riesgo de convertirse en una especie de filtro previo y no en un verdadero mecanismo de meritocracia. Y eso termina enviando un mensaje equivocado a quienes aspiran a ocupar cargos públicos: que hacer bien las cosas puede no ser suficiente.
En medio de esta discusión está Luis Enrique Abadía, “Kike”, como le decimos quienes lo conocemos. Y quiero detenerme en él no solamente porque obtuvo el primer lugar de la evaluación, sino porque conozco el talante del abogado y sé que su trayectoria no ha sido construida de la noche a la mañana. Ha ocupado responsabilidades importantes y ha avanzado profesionalmente a partir de su preparación y de sus capacidades. En este proceso llegó a demostrar, con resultados, que tenía las condiciones para estar entre los mejores. Obtener el primer lugar con 86,74 puntos no es un detalle menor. Es el resultado de un proceso en el que su preparación y su desempeño quedaron por encima de los demás aspirantes.
Y como chocoano, también me queda una pregunta que considero necesario poner sobre la mesa. Abadía nació en Juradó, Chocó, y llegó a ocupar el primer lugar en la carrera por la Contraloría General. Sin embargo, en la votación definitiva recibió apenas un voto en el Senado y ninguno en la Cámara, mientras Jorge Eliécer Laverde obtuvo 269 votos en el Congreso. No sería responsable afirmar que los congresistas chocoanos actuaron de una determinada manera sin revisar individualmente el sentido de cada voto y las razones que tuvieron para tomar su decisión. Pero sí creo que es válido preguntarnos qué tan fuerte fue el respaldo de nuestra propia representación política a un profesional chocoano que había llegado al primer lugar por mérito. Porque también tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo como región cuando uno de los nuestros logra destacarse en un proceso nacional y, llegado el momento decisivo, no encuentra el respaldo suficiente de quienes representan al departamento.
Esta elección deja, entonces, una discusión que va mucho más allá de Jorge Eliécer Laverde y Luis Enrique Abadía. El Congreso ejerció una facultad que le corresponde y eligió a quien consideró que debía ocupar el cargo. Pero eso no significa que la sociedad tenga que quedarse callada frente a la manera como se toman estas decisiones. Si de verdad queremos hablar de meritocracia en Colombia, el mérito no puede servir únicamente para entrar a una lista. Tiene que pesar cuando llega la hora de escoger. De lo contrario, terminamos diciéndoles a nuestros jóvenes, profesionales y servidores públicos que prepararse, estudiar, trabajar y demostrar capacidades puede no ser suficiente.
Y ahí está, quizás, la mayor preocupación. Esta es Colombia: un país donde escalar por mérito parece, algunas veces, cosa de locos, porque los intereses políticos terminan opacando aquello que debería abrir las puertas: la capacidad, la preparación, la trayectoria y el mérito. Y mientras sigamos aceptando que el mérito llegue primero, pero que la política tenga siempre la última palabra, difícilmente podremos hablar de una verdadera cultura de meritocracia en las instituciones que están llamadas, precisamente, a proteger lo público.
