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Apartadó prepara nuevas reglas para el uso del espacio público: Alcaldía proyecta estatuto, decreto y manual para 2027

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La Secretaría de Gobierno explicó los fundamentos jurídicos y las acciones que adelanta para regular y recuperar el espacio público en el municipio. Entre las medidas anunciadas están la actualización del Estatuto de Espacio Público, la elaboración de un decreto para su aprovechamiento económico y un manual que se construirá a partir de la caracterización de comerciantes formales e informales. Los abogados Karen Ruiz y Edwin Minota también advirtieron que no están autorizados los cobros realizados por intermediarios o particulares para asignar puestos o permitir la ocupación de espacios públicos.

La protección, administración y recuperación del espacio público no depende únicamente de decisiones administrativas locales. En Colombia existe un marco constitucional y legal que establece responsabilidades para las alcaldías y demás autoridades territoriales frente a la conservación de estos espacios y su destinación al uso de toda la ciudadanía.

El artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber del Estado proteger la integridad del espacio público y garantizar su destinación al uso común, cuya prevalencia está por encima de los intereses particulares. Por su parte, el artículo 315 señala entre las atribuciones de los alcaldes hacer cumplir la Constitución y las leyes, conservar el orden público y dirigir la acción administrativa del municipio.

A este fundamento se suma la Ley 9 de 1989, que define el espacio público como el conjunto de bienes y elementos destinados a satisfacer necesidades colectivas, entre ellos las áreas para la circulación peatonal y vehicular, parques, plazas, zonas verdes y espacios de recreación.

La Ley 388 de 1997 también establece competencias municipales relacionadas con el ordenamiento territorial, la regulación de los usos del suelo y la determinación de espacios destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad.

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De manera específica, la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, define el espacio público en su artículo 139 y, en el artículo 140, contempla como comportamiento contrario a su cuidado e integridad ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.

Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones debe armonizarse con los derechos de quienes desarrollan actividades económicas en estos lugares. La Ley 1988 de 2019 estableció los lineamientos para formular e implementar una política pública dirigida a los vendedores informales, con el propósito de garantizar su dignidad humana, el mínimo vital, el derecho al trabajo y la convivencia en el espacio público.

La Corte Constitucional, mediante sentencias como la C-211 de 2017 y la T-772 de 2003, ha precisado que las autoridades pueden adelantar procesos de recuperación, pero deben respetar el debido proceso, la confianza legítima y las condiciones de vulnerabilidad de los vendedores. También deben evaluar alternativas que eviten afectar desproporcionadamente sus medios de subsistencia. En determinados casos, la jurisprudencia exige que se ofrezcan alternativas de reubicación o de trabajo formal antes de aplicar medidas como multas, decomisos o destrucción de los elementos utilizados para las ventas.

A este marco se suma una disposición más reciente. El Decreto 1109 del 6 de agosto de 2026 incorporó un capítulo específico al Decreto 1077 de 2015 para regular el aprovechamiento económico del espacio público. Sus disposiciones se aplican a todos los municipios y distritos del país y establecen que las actividades económicas en estos lugares deben contar con autorización previa de la autoridad competente, condiciones definidas y garantías para preservar el uso común.

La norma también contempla expresamente la inclusión de las ventas informales cuando sea técnica, urbanística y jurídicamente posible. Entre los aspectos que deben regular las administraciones están las actividades permitidas, las zonas autorizadas, los procedimientos para conceder permisos, las condiciones de retribución económica y los mecanismos de participación de los vendedores.

Este marco jurídico es el contexto en el que la Secretaría de Gobierno de Apartadó adelanta una nueva estrategia para organizar el uso del espacio público, un proceso que, según los abogados de esta dependencia, busca establecer reglas claras tanto para el comercio formal como para las ventas informales.

Tres instrumentos para regular el espacio público

Karen Ruiz, abogada del Área de Espacio Público de la Secretaría de Gobierno, explicó que la Administración Municipal viene desarrollando diferentes acciones jurídicas y administrativas para mitigar las problemáticas relacionadas con la ocupación y el aprovechamiento de estos espacios.

Uno de los primeros mensajes que quiso dejar la funcionaria está relacionado con la prohibición de cobros realizados por intermediarios para acceder al uso del espacio público. Según explicó, ninguna persona particular, líder comunitario o tercero está autorizado para cobrar por permitir la utilización de andenes, calles u otros espacios de uso colectivo.

Ruiz señaló que, si en algún momento la Administración Municipal establece mecanismos para el aprovechamiento económico del espacio público, estos deberán tramitarse directamente con la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno y conforme a la regulación correspondiente.

Por su parte, el abogado Edwin Minota explicó que actualmente se trabaja en tres frentes principales.

El primero es la elaboración de un nuevo Estatuto de Espacio Público para Apartadó. Según indicó, el municipio cuenta con una regulación expedida en 2012 que, a juicio de la dependencia, se encuentra desactualizada y presenta deficiencias técnicas que han dificultado la gestión y el control de estos espacios.

El segundo instrumento es el Decreto de Aprovechamiento del Espacio Público, cuya elaboración ya está en marcha. Este documento establecerá las disposiciones relacionadas con las condiciones bajo las cuales se podrá autorizar y regular el uso económico de determinados espacios, sin desconocer su destinación colectiva.

El tercer componente es el Manual de Espacio Público, que se construirá a partir de la información recogida por los gestores y funcionarios de la Administración Municipal durante los recorridos de identificación y caracterización de quienes desarrollan actividades comerciales en el municipio.

Según Minota, la expectativa de la Secretaría de Gobierno es que este proceso permita contar con los instrumentos necesarios para avanzar en la regulación durante la vigencia de 2027. Por ello, durante 2026 se están realizando labores de identificación, registro y caracterización.

Caracterización de comerciantes formales e informales

Uno de los aspectos centrales de la estrategia es identificar quiénes ocupan actualmente el espacio público y bajo qué condiciones desarrollan sus actividades económicas.

El abogado explicó que existen establecimientos comerciales formalmente constituidos, con documentación y registros al día, que requieren utilizar parcialmente áreas como los andenes para desarrollar determinadas actividades económicas.

La intención, según indicó, es estudiar cada situación para establecer bajo qué condiciones podrían continuar haciendo uso de esos espacios, sin afectar el bienestar general, la circulación peatonal y la movilidad.

El proceso también incluye a los vendedores informales, a quienes la normativa nacional reconoce en diferentes categorías, dependiendo de la forma en que realizan su actividad.

En este grupo se encuentran los vendedores estacionarios, que permanecen en un punto determinado; los semiestacionarios, que ocupan temporalmente un lugar y pueden trasladarse durante la jornada, y los ambulantes, que desarrollan su actividad recorriendo las vías y espacios públicos.

La Secretaría busca identificarlos, conocer sus emprendimientos, establecer los sectores donde trabajan y determinar las condiciones particulares de cada actividad para incorporarlos dentro de los parámetros que se definan en el futuro manual.

Minota indicó que los gestores de espacio público ya han recorrido una parte importante del territorio municipal para recopilar esta información.

Reuniones con vendedores y socialización del proceso

El abogado también informó que la Administración ha comenzado a reunirse con los sectores involucrados. Una de las primeras jornadas de socialización se realizó con vendedores informales del barrio Obrero.

Según explicó, aunque durante estos encuentros pueden surgir diferencias, la mayoría de los participantes ha comprendido que el propósito institucional es organizar y regular las actividades comerciales, no perseguir a quienes dependen de ellas para obtener sus ingresos.

En ese sentido, hizo referencia a la Ley 1988 de 2019, que establece lineamientos para la protección de los vendedores informales y reconoce la necesidad de armonizar el uso colectivo del espacio público con el derecho al trabajo.

Minota señaló que una de las responsabilidades de la Alcaldía es socializar las decisiones y los proyectos con las personas que pueden resultar directamente afectadas, especialmente los vendedores informales, antes de avanzar en las medidas que se pretenden implementar.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se ha presentado una oposición generalizada al proceso. No obstante, reconoció que algunos ciudadanos se han negado a suministrar información durante las jornadas de caracterización, aunque afirmó que son pocos frente al número de personas que han colaborado.

Advertencia sobre cobros, intermediarios y supuestos permisos

Otro de los puntos en los que insistieron los abogados de la Secretaría de Gobierno fue la existencia de personas que podrían presentarse como intermediarias para ofrecer puestos, autorizar ocupaciones o cobrar por el uso de áreas públicas.

Minota fue enfático en señalar que las Juntas de Acción Comunal, los líderes reconocidos de los barrios, particulares o funcionarios que no tengan competencia en esta materia no están facultados para disponer del espacio público, arrendarlo, subarrendarlo o recibir beneficios económicos por su utilización.

El abogado aclaró que el acompañamiento de las organizaciones comunitarias es bienvenido y puede contribuir al desarrollo del proceso, pero eso no les otorga facultades para decidir quién ocupa un espacio público ni para cobrar por su aprovechamiento.

La dependencia reiteró que el proceso se adelanta desde la Administración Municipal, con participación de la Secretaría de Gobierno, los gestores, los funcionarios del área y el equipo jurídico.

En cuanto a los comerciantes del centro de Apartadó, Minota indicó que ya se había realizado un censo en su momento y que la mayoría cuenta con carnetización. Agregó que recientemente se desarrolló una reunión con representantes del comercio formal y un delegado del sector informal, que también cuenta con una asociación de vendedores.

Durante ese encuentro se socializaron los avances del proyecto y se explicó cómo se viene realizando la caracterización. Según el funcionario, los representantes conocen la dinámica que se pretende implementar y la intención de trabajar de manera articulada.

También reiteró que la Administración no busca desconocer los derechos de las personas que trabajan en estos espacios, sino establecer condiciones de uso que permitan proteger tanto la actividad económica como el interés colectivo.

Desde el punto de vista normativo, el artículo 2.2.3.3.3 del Decreto 1077 de 2015 contempla la posibilidad de que los municipios contraten con entidades privadas la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público, siempre que se garantice a la ciudadanía su uso, goce y libre tránsito.

A su vez, el Decreto 1109 de 2026 establece que el aprovechamiento económico debe contar con autorización previa de la autoridad competente, tener condiciones expresamente reguladas y conservar su carácter temporal, sin convertir la ocupación en un derecho de propiedad sobre el espacio público.

Esto significa que pueden existir mecanismos legales de aprovechamiento económico e incluso participación de particulares, pero dentro de un esquema formal autorizado y regulado por la Administración. Estas disposiciones no habilitan a intermediarios, líderes comunitarios o particulares para cobrar por cuenta propia, asignar puestos o arrendar espacios públicos sin autorización.

Sobre este aspecto, los funcionarios reiteraron que actualmente la Administración Municipal no está cobrando por el aprovechamiento del espacio público. Si en el futuro se establece algún mecanismo de esta naturaleza, deberá contar con las disposiciones y autorizaciones correspondientes.

Cambios provisionales para la calle del Teatro

En la entrevista también se abordó una situación específica relacionada con la calle del Teatro, sector reconocido por la presencia de emprendimientos y diferentes puntos de venta.

Minota explicó que allí se están promoviendo algunos parámetros provisionales para mejorar la organización de las actividades comerciales. Una de las medidas consiste en reemplazar las sombrillas redondas que utilizan algunos vendedores, debido al espacio que ocupan y a las dificultades que, según la Secretaría, generan para la circulación de peatones y vehículos.

La propuesta busca que los comerciantes adopten elementos y disposiciones que permitan mantener sus actividades sin obstaculizar el tránsito ni afectar el uso colectivo de la vía.

El funcionario precisó que estas son medidas provisionales mientras se avanza en la construcción de los instrumentos normativos que regularán de manera más amplia el espacio público del municipio.

Limpieza, residuos y responsabilidad de los comerciantes

En la parte final de la intervención, los abogados hicieron un llamado a los comerciantes formales e informales para que participen activamente en el proceso y suministren la información solicitada durante las jornadas de caracterización.

También reiteraron que actualmente no existe un cobro municipal por el aprovechamiento económico del espacio público. Por lo tanto, advirtieron que cualquier persona que pretenda exigir dinero en nombre de la Alcaldía o cobrar por asignar un lugar no cuenta, según lo explicado por la dependencia, con autorización para hacerlo.

A los comerciantes que desarrollan actividades en andenes, calles y otros espacios públicos se les pidió mantener limpias las áreas que utilizan, prevenir la contaminación y disponer adecuadamente los residuos, ubicando puntos específicos para su recolección.

La Secretaría de Gobierno insistió en que el propósito es garantizar que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares, pero dentro de un proceso que tenga en cuenta las condiciones de quienes desarrollan actividades económicas en estos lugares.

Finalmente, Karen Ruiz y Edwin Minota invitaron a los comerciantes y ciudadanos que requieran información, asesoría o acompañamiento a acercarse a la Secretaría de Gobierno de Apartadó, donde, según indicaron, serán atendidos por el equipo del Área de Espacio Público.

La ruta anunciada deja varios compromisos para los próximos meses: actualizar el estatuto municipal, avanzar en el decreto de aprovechamiento económico, concluir la caracterización de los ocupantes y elaborar el manual que orientará las condiciones de uso del espacio público.

El desafío será convertir esos instrumentos en reglas claras, aplicables y compatibles tanto con el derecho colectivo a disfrutar la ciudad como con los derechos de quienes encuentran en las ventas informales su medio de subsistencia.


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