La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación advierte que la liquidación del contrato fiduciario del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no significa la desaparición del Fondo ni modifica el régimen especial de salud de los docentes. También reclama financiación suficiente, continuidad en la atención médica y garantías para el pago de pensiones y prestaciones sociales.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) emitió un comunicado oficial fechado el 1 de noviembre de 2026, en el que reiteró su defensa de la Ley 91 de 1989 y exigió que se garantice un servicio de salud digno, oportuno e integral para los maestros, pensionados y beneficiarios del magisterio colombiano.
El pronunciamiento se produce en medio de la coyuntura relacionada con la transición contractual del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), frente a la cual la organización sindical expresó su preocupación por las posibles afectaciones a la prestación de los servicios médicos y al reconocimiento de los derechos laborales y prestacionales de los educadores.
FECODE recordó que la defensa de la Ley 91 de 1989, del FOMAG, del Acuerdo 003 de 2024 y del régimen de salud excepcional y especial fue ratificada durante su Asamblea General Federal, realizada en septiembre pasado.
La organización sostiene que la finalización del contrato de administración de los recursos no extingue los derechos de los docentes, pensionados y beneficiarios, ni representa la eliminación del Fondo o la derogatoria de la normativa que lo sustenta.
En ese sentido, la Federación hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier proceso de transición contractual cuente con los recursos económicos, administrativos y operativos necesarios, evitando interrupciones en la atención y en el cumplimiento de las obligaciones del sistema.
FECODE advierte sobre la financiación del sistema de salud
Uno de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con la situación financiera del componente de salud del magisterio.
Según el diagnóstico presentado por el Ministerio de Educación Nacional y citado por FECODE, para el cierre de 2026 se proyecta un déficit de salud de aproximadamente 2,699 billones de pesos.
La Federación señala que, frente a esa necesidad, se trasladaron 959.296 millones de pesos del componente de pensiones al de salud, pero advierte que todavía existiría un faltante cercano a 1,340 billones de pesos sin una fuente de financiación identificada en el diagnóstico.
Ante este panorama, el sindicato considera que la transición contractual debe estar respaldada por recursos suficientes y oportunos. También insiste en que la liquidación de un contrato no elimina la responsabilidad del Gobierno Nacional de garantizar la financiación del sistema y el cumplimiento de las obligaciones del Fondo.
Los servicios que FECODE exige garantizar
En el documento, la organización sindical establece varios aspectos que considera fundamentales para proteger los derechos de los afiliados durante el proceso de transición.
Entre sus principales exigencias se encuentran:
- Atención médica integral: continuidad de consultas generales y especializadas, urgencias, hospitalizaciones, cirugías, exámenes, procedimientos, rehabilitación y tratamientos para enfermedades crónicas y de alto costo.
- Entrega de medicamentos: suministro oportuno de medicamentos y tecnologías en salud, sin interrupciones.
- Seguridad y salud en el trabajo: continuidad de las valoraciones y actuaciones médico-laborales correspondientes.
- Pensiones y prestaciones: oportunidad en los trámites, reconocimiento y pago de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas.
- Atención de reclamaciones: respuesta a las solicitudes de los afiliados y cumplimiento de las órdenes judiciales.
- Continuidad administrativa: transferencia organizada de recursos, cuentas, contratos, expedientes, bases de datos y demás información necesaria para garantizar la prestación de los servicios.
FECODE también considera indispensable mantener el flujo de pagos a los prestadores de servicios de salud y asegurar el funcionamiento de los mecanismos que respaldan la atención de los maestros y sus familias.
La Ley 91 de 1989 y el FOMAG, en el centro de la discusión
La Federación insiste en que la Ley 91 de 1989 continúa siendo el fundamento legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que ninguna modificación contractual debe utilizarse como argumento para desconocer los derechos de los educadores.
En consecuencia, reclama que cualquier decisión administrativa preserve el régimen especial y excepcional del magisterio y esté acompañada de un plan de transición público, verificable y financiado.
El comunicado concluye con un llamado a defender las condiciones de atención en salud, las pensiones y las prestaciones sociales de los docentes colombianos.
El documento está firmado por Domingo José Ayala Espitia, presidente de FECODE, y Ruth Mariela Fernández Manjarrez, secretaria general, en Bogotá, con fecha del 1 de noviembre de 2026.
La posición de FECODE es clara: la transición contractual del FOMAG no debe traducirse en interrupciones de los servicios médicos ni en desconocimiento de los derechos de los maestros. La organización exige garantías financieras, administrativas y operativas para proteger a los afiliados y mantener la continuidad del régimen especial del magisterio.
