El Ministerio Público pidió a gobernadores, alcaldes y autoridades educativas fortalecer las medidas de prevención, activar de manera oportuna las rutas de atención y garantizar la protección de las víctimas. También advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento de estas obligaciones.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a gobernadores y alcaldes de todo el país a fortalecer de manera inmediata las acciones de inspección y vigilancia para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia física, mental, psicológica y sexual contra niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas oficiales y privadas.
A través de un memorando, el organismo de control impartió directrices a las secretarías de Educación y a las oficinas de Control Interno Disciplinario de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, con el propósito de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta frente a este tipo de casos.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la actualización de los protocolos institucionales, la activación inmediata de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y el fortalecimiento de las estrategias de prevención, protección y sanción. Además, la Procuraduría reiteró la obligación de garantizar la protección de las víctimas, así como de denunciantes y testigos, evitando cualquier forma de retaliación, estigmatización o revictimización.
El ente de control también instó a los jefes de Control Interno Disciplinario a adelantar con diligencia los procesos relacionados con presuntos casos de violencia sexual en instituciones educativas y a remitir oportunamente la información a las autoridades competentes.
Como parte de las acciones de seguimiento, la Procuraduría solicitó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación entregar, en un plazo de ocho días hábiles, un informe con las quejas y denuncias registradas por presuntos casos de violencia sexual ocurridos entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.
Finalmente, el organismo advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a investigaciones y eventuales sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.
