Según información divulgada por Caracol Radio, el expresidente de Fiduprevisora suscribió dos contratos de prestación de servicios con entidades de control de Bogotá por valores de 60 y 63 millones de pesos.
Bogotá. Jhon Mauricio Marín, expresidente de Fiduprevisora, suscribió dos contratos con entidades públicas de Bogotá antes de la entrada en vigencia de las restricciones relacionadas con la Ley de Garantías, según información divulgada por Caracol Radio.
De acuerdo con la publicación, uno de los contratos fue firmado con la Contraloría de Bogotá por un valor de 60 millones de pesos, para desarrollar labores durante los primeros seis meses de 2026.
El segundo contrato fue suscrito con la Personería de Bogotá por 63 millones de pesos y tendría una duración de siete meses, según la información conocida por el medio de comunicación.
En ambos casos, los procesos contemplaban la contratación de un profesional del derecho con experiencia laboral y formación de posgrado, requisitos que, según la información divulgada, cumplía Marín.
La información ha generado atención por la trayectoria reciente de Jhon Mauricio Marín, quien se desempeñó como presidente de Fiduprevisora, una de las entidades estatales que administra importantes recursos públicos y que ha estado en el centro del debate nacional por diferentes situaciones relacionadas con su funcionamiento.
Según el reporte periodístico, los contratos fueron suscritos antes de que comenzaran a operar las restricciones electorales mencionadas en la publicación.
Es importante precisar que la existencia de los contratos y su fecha de celebración, por sí solas, no constituyen prueba de una irregularidad. Cualquier cuestionamiento sobre los procesos de contratación, el cumplimiento de requisitos o una eventual vulneración de las normas deberá ser establecido por las autoridades competentes, en caso de que se adelanten actuaciones administrativas, disciplinarias o fiscales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia en la contratación pública, especialmente en períodos cercanos a procesos electorales, cuando las entidades estatales están obligadas a observar las restricciones y normas vigentes.
La información sobre estos contratos se conoce mientras continúa el interés público alrededor de la gestión y las relaciones institucionales de quienes han ocupado cargos directivos en entidades estatales de alto impacto nacional.
