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Una decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo amparó los derechos colectivos de los habitantes del barrio San Luis, en el corregimiento de Riogrande, y ordenó al Distrito adoptar medidas para superar la crisis sanitaria ocasionada por el colapso del sistema de alcantarillado.

El fallo, emitido el 25 de mayo de 2026 dentro de una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo, protege a cerca de 3.000 habitantes de este sector, quienes durante años han enfrentado el desbordamiento de aguas residuales debido a las fallas en la red de alcantarillado.

La decisión judicial concluyó que la situación vulnera derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a una infraestructura adecuada para garantizar condiciones dignas de vida.

Entre las órdenes impartidas, el Juzgado dispuso que el Distrito de Turbo deberá realizar, en un plazo de cinco meses, una inspección técnica integral de la red de alcantarillado del barrio San Luis. Como parte de este proceso, deberá elaborar un diagnóstico del sistema, definir los estudios y diseños requeridos e identificar las obras necesarias para ampliar y modernizar la infraestructura de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

La sentencia también establece que, dentro de ese mismo periodo, la administración distrital deberá definir si la operación del sistema será asumida por una empresa de servicios públicos habilitada y desarrollar una campaña de sensibilización dirigida a los habitantes sobre el uso adecuado y el cuidado de la red de alcantarillado.

Además, el Distrito contará con un plazo adicional de diez meses para ejecutar las acciones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras que permitan solucionar de manera definitiva el colapso del sistema y evitar nuevos desbordamientos de aguas residuales.

La acción popular fue promovida por la Defensoría del Pueblo luego de realizar visitas al territorio, documentar las condiciones sanitarias mediante registros fotográficos y audiovisuales y requerir en varias oportunidades a las autoridades competentes sin obtener una solución efectiva.

Como mecanismo de seguimiento, el fallo ordenó la conformación de un comité de verificación integrado por representantes del Distrito de Turbo, la Defensoría del Pueblo y la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis. Este comité deberá presentar informes periódicos al despacho judicial sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas.

La Defensoría del Pueblo señaló que esta decisión representa un avance en la protección de los derechos colectivos de la comunidad y reiteró que continuará acompañando el proceso para verificar que las medidas ordenadas por la justicia se cumplan y permitan superar la problemática sanitaria que afecta a este sector del municipio de Turbo.

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