Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN continúan agravando la situación humanitaria en Nuquí, Chocó. Un grupo de familias indígenas tuvo que abandonar sus territorios y trasladarse a Medellín, donde recibe atención institucional. Entretanto, la Personería municipal advierte que más de 300 personas permanecen desplazadas y necesitan asistencia urgente.
La violencia que afecta a las comunidades indígenas de Nuquí, en el departamento del Chocó, continúa dejando consecuencias humanitarias. Los enfrentamientos y las disputas territoriales entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo han obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares por temor a quedar en medio de las confrontaciones armadas.
Como consecuencia de esta situación, un grupo de indígenas llegó a Medellín el pasado 8 de noviembre, luego de salir de sus comunidades en busca de protección. Las informaciones publicadas por medios nacionales presentan diferencias en el número de personas recibidas: mientras Caracol Radio reportó la llegada de 18 indígenas, La FM informó que fueron 16, entre ellos ocho menores de edad.
La recepción se realizó en el aeropuerto Olaya Herrera, donde funcionarios de la Alcaldía de Medellín acompañaron a las familias y activaron los mecanismos institucionales de atención a víctimas.
La Administración Distrital, en articulación con la Personería, dispuso asistencia humanitaria, alojamiento temporal, orientación jurídica y acompañamiento psicológico. También se adelanta la orientación necesaria para que las personas afectadas puedan rendir sus declaraciones ante el Ministerio Público y avanzar en los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, la atención busca garantizar los derechos de las familias y brindarles condiciones de protección, especialmente porque llegaron sin redes de apoyo familiar o comunitario en la ciudad.
Más de 300 personas permanecen desplazadas en Nuquí
Mientras algunas familias han conseguido salir del territorio, la emergencia humanitaria continúa en Nuquí. El personero municipal, John Jaramillo Pandales, advirtió que más de 300 personas permanecen en la cabecera municipal después de abandonar la comunidad indígena de Villa Nueva, en medio de la violencia generada por los grupos armados ilegales.
Según el funcionario, muchas de estas familias salieron de sus viviendas con lo poco que pudieron llevar consigo y actualmente necesitan alimentos, prendas de vestir, elementos de aseo y otros artículos básicos para atender sus necesidades.
El personero señaló que la capacidad de respuesta de la administración municipal se encuentra desbordada y solicitó la intervención de las autoridades departamentales y nacionales para ampliar la asistencia humanitaria.
Entre las necesidades más urgentes mencionó ropa para bebés, niños, adultos y mujeres, kits de aseo, sábanas y toldillos. También expresó preocupación por los riesgos sanitarios asociados a la presencia de zancudos y la posibilidad de enfermedades como el dengue y el paludismo.
La emergencia también afecta la educación de los niños
Uno de los efectos más preocupantes del desplazamiento es la interrupción de las actividades escolares. Según la Personería de Nuquí, aproximadamente 65 niños, niñas y adolescentes han tenido que suspender sus clases debido a la emergencia.
La entidad también solicitó acompañamiento psicosocial permanente para las familias, al considerar que las consecuencias del desplazamiento no se limitan a la pérdida de sus viviendas y pertenencias, sino que también afectan su estabilidad emocional y sus condiciones de vida.
Aunque la Unidad para las Víctimas activó su ruta de atención y se anunció la gestión de ayudas humanitarias, el personero insistió en que la respuesta institucional debe mantenerse en el tiempo y no limitarse a intervenciones temporales.
Una crisis que exige atención más allá de la emergencia
La situación de Nuquí refleja las consecuencias que continúan enfrentando las comunidades indígenas del Chocó por la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales en sus territorios.
El desplazamiento de cientos de personas, la interrupción de la educación de decenas de menores y las necesidades básicas de las familias evidencian la dimensión de una emergencia que requiere una respuesta coordinada de las autoridades.
La llegada de indígenas a Medellín representa una medida de protección para quienes lograron salir de la zona, pero también pone de manifiesto que la solución de fondo pasa por garantizar condiciones de seguridad en sus territorios ancestrales, proteger a la población civil y evitar que más comunidades tengan que abandonar sus hogares para preservar sus vidas.
Para las comunidades indígenas de Nuquí, el llamado es a que la atención humanitaria no sea pasajera y que el Estado garantice protección, alimentación, salud, educación y condiciones para recuperar la tranquilidad en sus territorios.
