La investigación disciplinaria está relacionada con un convenio de contratación directa con Foncolombia para desarrollar actividades logísticas y presentaciones artísticas. Según el ente de control, el proceso habría desconocido requisitos legales y limitado la participación de otros posibles oferentes.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Yondó, Antioquia, Yerson Antonio Ariza Rivera, y el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Virgilio Albeiro Ramos Romero, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por 588 millones de pesos.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público este 5 de noviembre de 2026, el proceso está relacionado con la contratación directa de Foncolombia para desarrollar actividades logísticas que incluían la presentación de artistas.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, el alcalde habría justificado y firmado el convenio, mientras que el secretario de Deportes habría elaborado y suscrito los estudios previos que sustentaron la contratación.
El organismo de control busca establecer si la modalidad utilizada cumplía las condiciones legales para acudir a la contratación directa, pues, de acuerdo con los elementos examinados, el procedimiento presuntamente habría impedido que otros interesados participaran en el proceso de selección.
Posibles faltas gravísimas
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas disciplinarias gravísimas a título de culpa gravísima, por un posible desconocimiento de los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, planeación y responsabilidad que rigen la contratación pública.
La formulación de cargos constituye una etapa del proceso disciplinario y no significa que los funcionarios hayan sido declarados responsables. Tanto el alcalde como el secretario conservan la presunción de inocencia y tienen derecho a ejercer su defensa y controvertir las pruebas durante el trámite.
La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la estructuración y celebración del convenio, así como las eventuales responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
El caso queda ahora sujeto al desarrollo del proceso disciplinario y a la decisión de fondo que adopte la Procuraduría General de la Nación.
