La investigación disciplinaria también involucra a ocho exfuncionarios de su gabinete. Según el organismo de control, las presuntas omisiones habrían impedido gestionar más de $30.000 millones destinados a atender la demanda educativa de las comunidades indígenas en 2023.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y ocho integrantes de su gabinete para la época de los hechos, por presuntas omisiones en la gestión de los recursos necesarios para financiar la educación indígena durante 2023.
De acuerdo con la información divulgada por el organismo de control el 24 de octubre de 2026, los investigados no habrían adoptado oportunamente las medidas necesarias para reportar el incremento de la matrícula de estudiantes indígenas y gestionar los recursos adicionales requeridos para atender la demanda educativa.
Ocho exfuncionarios también están vinculados
La decisión disciplinaria cobija, además, a los exsecretarios de Educación, Pedro Fidel Hurtado Orejuela, y de Hacienda, Duyeyny Valencia Mosquera.
También fueron incluidos Jhon Jairo Mena Hurtado, quien se desempeñaba como líder Administrativo y Financiero; Yilmar Elías Córdoba Perea, de la Oficina de Cobertura; Hary Elizabeth Cardona Cañadas, del área Financiera y Presupuesto; Neyfer Dealy Du Souza Córdoba Mosquera, de apoyo a la contratación, y Kely Johana Echeverry Ríos, de gestión Administrativa.
La Procuraduría busca establecer las posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios en relación con los procedimientos que debían adelantarse para asegurar la financiación de la atención educativa de la población indígena.
Presunto faltante superior a $30.000 millones
Según la información oficial, la administración departamental habría dejado vencer los plazos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para reportar, en las plataformas correspondientes, el aumento de cobertura de los estudiantes indígenas.
Esta situación, presuntamente, habría impedido que el Gobierno Nacional asignara un complemento de recursos superior a $30.000 millones, necesario para cubrir la demanda educativa del territorio.
El organismo de control señaló que la falta de estos recursos habría generado un déficit presupuestal para el departamento y habría estado relacionada con graves alteraciones del orden público protagonizadas por comunidades afectadas.
La conducta fue calificada provisionalmente como gravísima
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas a título de culpa gravísima.
Esta calificación corresponde a la etapa disciplinaria y no constituye, por sí misma, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los investigados. El proceso deberá avanzar conforme a las etapas y garantías establecidas en la normativa aplicable.
El caso pone de nuevo en discusión la importancia de la gestión oportuna de los recursos públicos destinados a garantizar el acceso y la continuidad de la educación de las comunidades indígenas, especialmente en territorios con necesidades de cobertura educativa.
TV Golfo Urabá continuará informando sobre el desarrollo de esta investigación y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
