La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda presentó ante la Cámara de Representantes un diagnóstico que incluye más de 1,5 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, una caída de la matrícula escolar y un déficit de $4,5 billones en los recursos proyectados para la salud del magisterio.
Ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sobre las 10 fracturas educativas que recibió el actual Gobierno.
El sistema educativo colombiano enfrenta dificultades relacionadas con el acceso y la permanencia escolar, la financiación de la educación superior, la infraestructura educativa y la atención en salud de los docentes. Así lo expuso la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, durante un debate de control político sobre el empalme del sector, realizado el 13 de octubre ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
En su intervención, la funcionaria presentó diez problemáticas que, según el diagnóstico del Ministerio, recibió el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La ministra señaló que identificar estas dificultades es necesario para definir prioridades y adoptar medidas que permitan garantizar el derecho a la educación.
Salud del magisterio: necesidades superiores a los recursos disponibles
Uno de los puntos centrales del informe fue la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), responsable de la atención en salud de 837.275 docentes, pensionados y sus familias.
Según las cifras presentadas, las necesidades proyectadas en salud ascienden a $8,44 billones, frente a $3,94 billones disponibles. La diferencia representa un déficit estimado de $4,50 billones.
El diagnóstico también reporta 38 hallazgos formulados por la Superintendencia Nacional de Salud y 97.105 tutelas y trámites constitucionales registrados hasta julio de 2026.
Metas educativas pendientes y disminución de la matrícula
La ministra indicó que 17 de los 23 indicadores educativos del Plan Nacional de Desarrollo quedaron por debajo de las metas establecidas por la administración anterior, de acuerdo con el balance presentado.
Entre los resultados expuestos, señaló que se alfabetizó a 193.134 personas de una meta de 795.868, equivalente al 24 %. Asimismo, la cobertura en educación media llegó al 49,95 %, por debajo de la meta del 65 %.
Otro de los datos destacados fue la reducción de la matrícula escolar. Según el informe, a mayo de 2026 se registraban 421.142 estudiantes menos que en 2025, una disminución del 4,5 %. La presentación ministerial señaló que aún no se contaba con un diagnóstico de las causas de esta caída.
El documento también indicó que la cobertura neta escolar pasó del 86,8 % en 2022 al 83,6 % en 2025, mientras que durante 2025 un total de 1.587.248 personas entre los 5 y los 16 años no estaban matriculadas, cifra equivalente al 16,2 % de esa población.
Brechas entre las zonas urbanas y rurales
El diagnóstico expuso diferencias importantes en el acceso a la educación entre las áreas urbanas y rurales. Según las cifras presentadas, la cobertura bruta alcanzó el 98,5 % en las zonas urbanas, frente al 77,7 % en las rurales, una brecha de 20,8 puntos porcentuales.
La ministra también señaló que 20 entidades territoriales presentan un riesgo muy alto en aspectos relacionados con el acceso, la permanencia, el desempeño académico y la atención al contexto.
En materia de resultados de aprendizaje, el informe indicó que el último dato consolidado de las pruebas Saber en primaria y secundaria correspondía a 2023. Además, el 49,51 % de los colegios oficiales rurales permanecía en la categoría D de Saber 11, identificada en el documento como la de menor desempeño.
Obras educativas y financiación de la educación superior
La infraestructura fue otro de los puntos señalados. De los 19.500 ambientes educativos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, se habían entregado 11.341 hasta julio de 2026, según el balance presentado.
La ministra también mencionó compromisos asociados al CONPES 4181 de 2026, que, de acuerdo con la exposición, incluían vigencias futuras por $13,1 billones sin respaldo fiscal asegurado y sin contratar.
En educación superior, el Ministerio identificó necesidades adicionales de financiación para cerrar 2026. La política de gratuidad requería $245.797 millones adicionales, de los cuales el nuevo Gobierno había asegurado $185.000 millones, según la información divulgada.
Para 2027, el ICETEX requería $1,99 billones, mientras que tenía asignados $467.621 millones. A esto se sumaban cerca de 9.000 solicitudes de convalidación represadas, atendidas mediante un plan de choque, y riesgos de financiación por $890.000 millones en infraestructura universitaria, con 114 proyectos que presentaban demoras en la contratación.
Las medidas anunciadas por el Ministerio
Ante el panorama expuesto, la ministra anunció un proyecto de transparencia educativa orientado a fortalecer el control de la contratación y del manejo de los recursos públicos. También propuso establecer mesas técnicas con el Congreso, hacer seguimiento a las obras y promover mecanismos de participación ciudadana.
En el ámbito pedagógico, presentó el Proyecto LEA: Leer, Escribir y Amar, una iniciativa que, según explicó, busca impulsar la formación integral y fortalecer el papel de la educación en el desarrollo de las personas.
La funcionaria planteó que el desafío consiste en trabajar con docentes, estudiantes, familias, comunidades e instituciones para mejorar el acceso, la permanencia y los aprendizajes.
El diagnóstico expuesto ante la Cámara constituye la presentación del Ministerio sobre la situación recibida. Los datos y las conclusiones corresponden al balance divulgado por la cartera educativa y sirven como punto de partida para las medidas anunciadas, cuyo desarrollo y resultados deberán conocerse a través de su implementación y seguimiento.
