El Ministerio de Educación Nacional presentó un proyecto de decreto que propone modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015 y establecer nuevas condiciones para la contratación de la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
Uno de los principales cambios planteados es que la contratación de la prestación del servicio educativo tenga un carácter excepcional. Para acudir a esta figura, las entidades territoriales deberán demostrar previamente que sus establecimientos educativos oficiales presentan insuficiencia o limitaciones para atender la demanda.
El proyecto establece que esas dificultades deberán sustentarse mediante un estudio técnico de insuficiencia y limitaciones. El documento tendría que analizar, entre otros aspectos, la oferta de cupos, la demanda educativa, la distribución territorial de la población, la evolución de la matrícula durante al menos tres vigencias y la situación de la planta docente y directiva.
La propuesta también plantea que las dificultades que justifican la contratación deben ser consideradas de carácter temporal. Por ello, las entidades territoriales tendrían que establecer planes de mitigación con acciones de corto, mediano y largo plazo para superar las causas que originaron la insuficiencia o las limitaciones.
Otro de los puntos centrales es la diferenciación entre la prestación y la administración del servicio educativo. Mientras en determinados contratos un particular asumiría directamente la prestación, en los contratos de apoyo a la administración la entidad territorial conservaría la responsabilidad como prestadora del servicio y el contratista actuaría bajo sus lineamientos, dirección, vigilancia y control.
El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la calidad educativa, la inclusión, la permanencia escolar y la jornada única. Además, establece que la prestación del servicio debe desarrollarse durante todo el calendario académico y en concordancia con los programas curriculares y planes de estudio definidos en el PEI o PEC.
Para los contratos de apoyo a la administración de establecimientos oficiales, el proyecto plantea además requisitos específicos para los operadores, entre ellos acreditar una trayectoria mínima de diez años en la administración o prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media.
La propuesta también refuerza las responsabilidades de las entidades territoriales frente a la continuidad del servicio. Una vez finalice un contrato, deberán garantizar que los estudiantes continúen recibiendo atención educativa, sin que esto implique la obligación de renovar el contrato con el mismo operador.
El documento suministrado corresponde a un proyecto de decreto y señala que la norma regiría desde su publicación. Por esta razón, antes de presentar sus disposiciones como normas vigentes, debe verificarse si posteriormente fue expedido y publicado oficialmente.
