El exconcejal y exdirector del DANE respondió a las declaraciones de la ministra Viviane Morales y pidió que cualquier modificación a los contenidos educativos se haga dentro del marco constitucional y legal vigente.
MinEducación anuncia revisión de contenidos escolares y cuestiona enfoque de educación sexual integral.
Las declaraciones de la ministra de Educación, Viviane Morales, sobre una revisión de los contenidos relacionados con educación sexual en los colegios generaron una respuesta de Juan Daniel Oviedo, quien advirtió que el Gobierno debe respetar las normas vigentes y las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia.
Morales había señalado que, tras su llegada al Ministerio, encontró lo que calificó como “sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos”, haciendo referencia particularmente a la educación sexual integral. La funcionaria anunció una revisión de los contenidos y sostuvo que estos deben manejarse con transparencia y teniendo en cuenta a las familias y las edades de los estudiantes.
Ante estas afirmaciones, Oviedo manifestó que está de acuerdo con revisar materiales educativos cuando exista transparencia y participación de las familias, pero rechazó que bajo conceptos como “woke” se puedan desmontar derechos o reemplazar un enfoque educativo por otro.
“Revisar los materiales con transparencia y participación de las familias, sí. Desmontar derechos mediante etiquetas como ‘woke’ o sustituir una doctrina por otra, no”, señaló Oviedo en una publicación difundida este jueves.
El exfuncionario citó varias normas y decisiones judiciales para sustentar su posición. Entre ellas mencionó la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, y la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y estableció disposiciones relacionadas con la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Esta última asigna al Ministerio de Educación responsabilidades para promover, junto con las secretarías certificadas, programas de educación para el ejercicio de esos derechos.
Oviedo también hizo referencia a la Sentencia T-529 de 2024 de la Corte Constitucional. En esa decisión, el alto tribunal sostuvo que la educación sexual forma parte de los derechos sexuales y reproductivos y que debe ser integral, inclusiva, no discriminatoria, sustentada en evidencia científica y adecuada a la edad de los estudiantes.
La sentencia también estableció límites para los contenidos de educación sexual. Según la Corte, estos deben respetar derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia. Además, deben ofrecer información objetiva y no imponer determinadas creencias sobre la sexualidad.
El pronunciamiento judicial surgió a partir de un caso en el que un estudiante denunció presuntos actos de discriminación en su colegio. La Corte determinó, entre otros aspectos, que la institución había vulnerado derechos fundamentales al imponer dentro de una clase de educación sexual una película con un enfoque religioso orientado a presentar la homosexualidad como susceptible de transformación. El tribunal ordenó ajustar el proyecto de educación sexual de la institución y eliminar contenidos que vulneraran los derechos fundamentales de los estudiantes.
En su publicación, Oviedo sostuvo además que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puede proponer cambios en las políticas educativas y promover reformas por las vías constitucionales, pero mientras las normas actuales permanezcan vigentes deben ser cumplidas.
El debate pone nuevamente sobre la mesa la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, la autonomía de las instituciones educativas y las obligaciones del Estado frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. La discusión también deberá considerar que la educación sexual está sometida a parámetros constitucionales y legales que buscan garantizar tanto una formación adecuada a la edad como el respeto por los derechos fundamentales y la no discriminación.
Por ahora, la ministra ha anunciado una revisión de los contenidos educativos, pero aún será necesario conocer cuáles serán los materiales examinados, bajo qué criterios se realizará el proceso y si el Ministerio plantea modificaciones concretas a los programas existentes. Cualquier eventual cambio deberá ajustarse al marco constitucional y legal vigente y a las decisiones de la Corte Constitucional.
