Después de tres décadas, la justicia ordena restituir 332 hectáreas a 12 familias campesinas de Tulapas, en Urabá

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La decisión judicial reconoce a las familias como víctimas de despojo durante el conflicto armado y les permitirá recuperar sus predios, acceder a medidas de reparación integral y avanzar en el retorno a sus territorios.

Treinta años después de haber sido desplazadas por la violencia, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño, obtuvieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas de tierra de las que fueron despojadas en la década de 1990.

La decisión fue proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, poniendo fin a un proceso administrativo y judicial que, según la Fundación Forjando Futuros, se prolongó durante aproximadamente diez años.

Con el fallo, las familias recuperarán jurídicamente la propiedad de sus predios y podrán acceder a las medidas de reparación integral, acompañamiento institucional y programas previstos en la política de restitución de tierras del Estado colombiano.

La región de Tulapas, ubicada entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, ha sido identificada como uno de los territorios más afectados por el despojo de tierras durante el conflicto armado. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante acciones violentas y posteriormente destinadas a proyectos de carácter ganadero y forestal.

Uno de los casos incluidos en la sentencia corresponde a la familia Agámez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir. Según el expediente judicial, en 1995 la familia abandonó sus tierras luego de que la presencia de grupos paramilitares en la zona y los hechos de violencia registrados contra habitantes del sector los obligaran a desplazarse para proteger su vida.

Julia Agámez, una de las beneficiarias del fallo, recordó que la familia dejó atrás su vivienda, los cultivos y los animales con los que sostenían su economía. Explicó que antes del desplazamiento cultivaban maíz, yuca, arroz, ñame y fríjol, además de criar cerdos y aves de corral, actividades que constituían su principal fuente de sustento.

La representación jurídica de las familias estuvo a cargo de la Fundación Forjando Futuros. Su director y fundador, Gerardo Vega Medina, señaló que la decisión judicial representa un paso importante para las víctimas que durante décadas buscaron recuperar sus tierras. Asimismo, sostuvo que, según la investigación y el proceso de restitución, el despojo habría sido ejecutado mediante la actuación de grupos paramilitares en alianza con el entonces Fondo Ganadero de Córdoba, afirmaciones que hacen parte de la posición expuesta por la organización dentro del proceso judicial.

Aunque calificó la sentencia como un avance significativo, Vega indicó que aún existen numerosas familias de Tulapas y otras regiones del país que continúan a la espera de decisiones similares dentro de los procesos de restitución de tierras.

La sentencia constituye un nuevo capítulo en los esfuerzos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia y reafirma el papel de la jurisdicción especializada en la restitución de derechos sobre la tierra, especialmente en zonas como Urabá, donde el desplazamiento forzado y el despojo marcaron profundamente la historia de miles de familias campesinas.

Después de 30 años, la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. 🌱

12 familias campesinas de Tulapas, Urabá, recuperarán 332 hectáreas que les fueron arrebatadas por la violencia. Desde la Fundación Forjando Futuros acompañamos a la familia Agamez Quintana en este proceso y… pic.twitter.com/oeqfr6vLg6

— Fundación Forjando Futuros (@forjandofuturos) July 17, 2026

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