La controversia surgió luego de que cinco integrantes del Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara apoyaran una proposición para solicitar que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja pase a esa corporación. La Fiscalía, sin embargo, decidió mantener el expediente y la Corte Constitucional deberá resolver el conflicto de competencias.
Cinco representantes del Pacto Histórico respaldaron una proposición aprobada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que la investigación que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea trasladada a esa corporación.
Según reveló El Reporte Coronell y fue publicado por CAMBIO, los representantes David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra votaron a favor de la iniciativa junto con congresistas de otros sectores políticos, incluidos representantes cercanos al uribismo.
El caso está relacionado con una investigación en la que la Fiscalía ha vinculado al expresidente por su presunta participación en hechos relacionados con la conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia, entre ellos las masacres de La Granja, ocurrida en junio de 1996, y El Aro, perpetrada en 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El proceso también incluye otros hechos investigados por las autoridades.
La Comisión de Acusación aprobó el 19 de agosto solicitar el expediente a la Fiscalía, argumentando que, por la condición de expresidente de Uribe, el caso debería ser conocido por el Congreso. Sin embargo, la Fiscalía rechazó el traslado y decidió mantener la investigación en la Fiscalía Tercera Delegada. La controversia sobre cuál entidad tiene la competencia fue remitida a la Corte Constitucional, que deberá adoptar una decisión.
La discusión ha generado cuestionamientos políticos. El senador Iván Cepeda manifestó que considera que la Fiscalía debe conservar la competencia sobre el proceso. Entre tanto, el Pacto Histórico negó que existiera un acuerdo político orientado a favorecer al expresidente y sostuvo que la actuación de los representantes no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Uribe ni necesariamente busca frenar la investigación.
Por ahora, el expediente continúa en la Fiscalía mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de competencias. La situación también mantiene abierta la discusión sobre la fecha y las condiciones en las que continuará la indagatoria programada contra el expresidente dentro de este proceso.
