El presidente Abelardo de la Espriella y varios ministros firmaron 15 decretos para modificar las jefaturas de control interno de diferentes entidades nacionales. Los movimientos incluyen cinco declaratorias de insubsistencia, cuatro salidas tras la presentación de renuncias y nuevos nombramientos en otras dependencias del Estado.
El Gobierno nacional adelanta una reorganización de las oficinas de control interno de diferentes entidades de la Rama Ejecutiva. La decisión se formalizó mediante 15 decretos firmados el 6 de noviembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella y varios ministros y altos funcionarios.
Según un informe publicado por Caracol Radio el domingo 8 de noviembre, cinco de los cambios se realizaron mediante declaratoria de insubsistencia de los funcionarios que ocupaban las jefaturas de control interno. Las entidades involucradas son los ministerios del Trabajo y Educación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Transporte.
En otros cuatro casos, los movimientos se produjeron después de que los responsables de estas dependencias presentaran sus renuncias. Se trata del Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa.
A estos cambios se suman nombramientos y movimientos en los ministerios de Justicia, Hacienda, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Minas y Energía, así como en la Superintendencia Financiera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Gobierno justifica los cambios en la meritocracia
La reorganización se produce en medio de la política anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la selección de los funcionarios encargados de vigilar internamente la gestión de las entidades públicas.
En octubre, el mandatario informó que 132 personas habían sido convocadas para participar en el proceso de selección de estos cargos. De ellas, 69 habían superado las pruebas, 36 habían aprobado las entrevistas y 29 estaban seleccionadas, según el balance divulgado por la Presidencia.
El jefe de Estado ha señalado que las oficinas de control interno deben contar con funcionarios capaces de prevenir y detectar irregularidades, además de garantizar que los recursos públicos sean administrados adecuadamente.
La responsabilidad de vigilar los recursos públicos
Las oficinas de control interno tienen entre sus funciones evaluar los procedimientos administrativos, revisar los sistemas de control, identificar riesgos y formular recomendaciones para mejorar la gestión de las instituciones.
De acuerdo con la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, los jefes de estas dependencias en las entidades nacionales son designados por el presidente de la República y ocupan empleos de libre nombramiento y remoción. No obstante, la normativa también contempla la evaluación previa de competencias para quienes aspiren a estos cargos.
Los cambios abren un nuevo capítulo en la reorganización administrativa del Gobierno y ponen nuevamente sobre la mesa la importancia de la independencia técnica, la capacidad profesional y la transparencia en las oficinas responsables de supervisar la gestión pública.
Por ahora, la información conocida permite establecer las entidades involucradas y los procedimientos utilizados para los cambios, pero no detalla las razones particulares de cada declaratoria de insubsistencia.
