La decisión, emitida en primera instancia, contempla una suspensión de dos meses contra Florencio Cruz Vélez, rector de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte. El proceso está relacionado con la venta de elementos desmontados de la infraestructura del plantel en mayo de 2022.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria en primera instancia al rector de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, de Ibagué, Florencio Cruz Vélez, por irregularidades identificadas en un proceso contractual adelantado en mayo de 2022.
La decisión, adoptada por la Provincial de Juzgamiento de Ibagué, establece una suspensión de dos meses para el funcionario, debido a actuaciones relacionadas con la venta de elementos que habían sido desmontados de la infraestructura de la institución educativa.
Según el organismo de control, durante el procedimiento se identificó que el rector omitió realizar un estudio de precios de mercado que permitiera justificar el valor de los bienes enajenados. Además, no habría publicado los documentos correspondientes al proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Para la Procuraduría, estas actuaciones desconocieron principios de transparencia, publicidad y responsabilidad que deben orientar la gestión contractual de los servidores públicos.
El organismo disciplinario señaló que las irregularidades fueron objeto de valoración dentro del proceso y dieron lugar a la imposición de la sanción.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que contra ella procede el recurso de apelación. En consecuencia, el caso todavía puede ser revisado por la autoridad competente en segunda instancia.
La actuación hace parte de las funciones de vigilancia y control disciplinario de la Procuraduría sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en el manejo de los recursos y bienes de las instituciones estatales.
