Procuraduría adelanta sanciones, investigaciones y acciones de protección en varios casos del país

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La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en los últimos días una serie de actuaciones disciplinarias y preventivas relacionadas con servidores públicos y con la protección de los derechos de una menor de edad víctima de violencia en el país.

Uno de los casos corresponde al exalcalde de Puerto Wilches, Santander, Jairo Demis Toquica Aguilar, quien fue sancionado con suspensión de 10 meses por no atender requerimientos realizados por la Inspección Central de Policía del municipio durante el trámite de un proceso relacionado con la ocupación de un sector de espacio público.

Según la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el entonces mandatario omitió brindar el apoyo administrativo solicitado para adelantar caracterizaciones socioeconómicas necesarias dentro de un procedimiento que buscaba ejecutar una orden de desalojo. Debido a que el exfuncionario ya no ejerce el cargo, la sanción fue convertida en una multa equivalente a 53,7 millones de pesos.

PROFIN

Por otra parte, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Puerto Gaitán, Meta, Julián Gaitán, con el propósito de establecer si incurrió en una falta disciplinaria relacionada con una denuncia por presuntas agresiones sexuales contra una adolescente de 16 años. De acuerdo con la entidad, los hechos habrían ocurrido en enero de 2025 y actualmente también son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La Procuraduría aclaró que la apertura de la investigación busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y recordó que el concejal conserva el derecho al debido proceso, a presentar pruebas y a ejercer plenamente su defensa mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

En otro caso, el organismo de control inició una investigación disciplinaria contra el concejal de Puerto Gaitán, Fernando Giraldo García, por una presunta agresión contra un integrante de la Policía Nacional durante una jornada de protesta realizada en mayo de 2025 en zona rural de ese municipio.

Según la actuación disciplinaria, el cabildante habría lesionado a un uniformado y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La Procuraduría evaluará si la conducta atribuida constituye una falta disciplinaria y si existen elementos que comprometan su responsabilidad dentro del proceso.

Adicionalmente, la Procuraduría solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un informe sobre las medidas adoptadas para el restablecimiento de los derechos de una niña indígena de cuatro años que habría sido víctima de secuestro y violencia sexual en Cali.

El organismo manifestó su rechazo frente a los hechos y pidió a las autoridades judiciales avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo sucedido y garantizar justicia para la víctima. Asimismo, requirió al ICBF brindar acompañamiento integral, atención psicosocial y todas las medidas de protección necesarias para la menor y su núcleo familiar.

Con estas actuaciones, la Procuraduría reiteró su función de vigilancia disciplinaria sobre los servidores públicos y su papel en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

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