Defensoría del Pueblo pide al nuevo Gobierno y al Congreso priorizar los derechos de las víctimas

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La entidad respaldó las recomendaciones del VI Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Comisión de la Verdad y advirtió que, pese a los avances alcanzados en los últimos años, el Estado aún enfrenta importantes desafíos para garantizar una reparación integral y evitar la repetición del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al nuevo Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a todas las instituciones del Estado para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y las medidas de no repetición sean una prioridad en la agenda pública del país.

A través de un pronunciamiento divulgado este 11 de julio de 2026, la entidad señaló que, cuando están próximos a cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, las víctimas deben continuar ocupando un lugar central en los esfuerzos institucionales para consolidar una paz estable y duradera.

En ese contexto, la Defensoría respaldó el llamado realizado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), insistiendo en que las recomendaciones formuladas por ese organismo deben seguir orientando las políticas públicas relacionadas con la reparación integral, la memoria, la verdad y las garantías de no repetición.

La entidad destacó que el VI Informe del Comité, denominado Tejidos para la reparación, reconoce avances importantes en materia de derechos de las víctimas. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley de Víctimas, el incremento en el número de víctimas de violencia sexual indemnizadas, los avances en los procesos de restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del documento CONPES que busca ofrecer soluciones duraderas para la población desplazada.

No obstante, advirtió que persisten retos significativos que requieren una respuesta decidida de las instituciones.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran la baja implementación de los procesos de reparación colectiva para pueblos étnicos, las dificultades en la atención a mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como la necesidad de fortalecer las acciones dirigidas a las víctimas que permanecen en el exilio.

La Defensoría también señaló que la capacidad institucional diseñada hace más de una década para atender a la población víctima del conflicto ha sido superada por la magnitud de las necesidades actuales y que la política pública enfrenta limitaciones presupuestales que afectan su implementación.

Por ello, consideró fundamental fortalecer los mecanismos de financiación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, destacando el papel de la Comisión de Financiamiento creada por esa norma para identificar alternativas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las víctimas.

Asimismo, la entidad afirmó que las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad constituyen una hoja de ruta para enfrentar las causas estructurales que han alimentado el conflicto armado y otras formas de violencia en el país.

En ese sentido, exhortó al próximo Gobierno, al Congreso y a las entidades del Estado a convertir las conclusiones del VI Informe en decisiones concretas que fortalezcan la reparación integral, la construcción de paz, la memoria histórica y las garantías de no repetición.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró que continuará ejerciendo su mandato constitucional de seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz.

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