Más de 2.600 víctimas fueron atendidas en municipios de Urabá y el Atrato

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La Defensoría del Pueblo informó que atendió a 2.626 víctimas del conflicto armado durante una intervención institucional desarrollada en la cuenca del río Atrato, una estrategia que benefició a comunidades de Antioquia y Chocó que enfrentan dificultades de acceso a la oferta estatal debido a las condiciones geográficas y los altos costos de transporte fluvial.

Las jornadas se realizaron durante una semana en los municipios de Bojayá, Acandí, Carmen del Darién, Medio Atrato, Riosucio, Unguía, Murindó, Vigía del Fuerte y Belén de Bajirá, estos tres últimos con estrecha relación territorial y social con la subregión de Urabá.

Según la Defensoría, durante la actividad fueron recibidas 183 declaraciones juramentadas para el reconocimiento formal en el Registro Único de Víctimas (RUV). Además, se remitieron 53 expedientes a la Unidad para las Víctimas para evaluar posibles casos relacionados con solicitudes de reparación integral.

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La mayor parte de la atención estuvo enfocada en trámites administrativos. En total se gestionaron 1.100 requerimientos relacionados con ayudas humanitarias, seguimiento a procesos de reparación integral y actualización de información de beneficiarios. La Unidad para las Víctimas acompañó la revisión de casos relacionados con indemnizaciones económicas.

En materia de representación legal, la Defensoría radicó siete derechos de petición, siete acciones de tutela y cinco actuaciones judiciales orientadas a proteger el derecho al registro civil de varias personas atendidas durante la jornada.

La entidad también desarrolló espacios de capacitación para las víctimas sobre el acceso a derechos y los mecanismos de seguimiento a las obligaciones estatales. Las actividades incluyeron un enfoque diferencial étnico y contaron con intérpretes de lengua emberá para facilitar la atención de comunidades indígenas.

Otro de los resultados destacados fue la consolidación de información censal de comunidades ubicadas en Medio Atrato y Carmen del Darién, donde se registró una población aproximada de 11.400 personas. Estos datos serán trasladados a la Unidad para las Víctimas para su verificación y actualización dentro del Registro Único de Víctimas.

La Defensoría del Pueblo anunció que realizará seguimiento a los requerimientos presentados ante las diferentes entidades y a los tiempos de respuesta de las autoridades competentes, con el propósito de garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de las víctimas atendidas en esta región del país.

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