César Rodríguez Martínez, rector de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, de Coello, es investigado por hechos que habrían ocurrido durante la jornada escolar del 23 de marzo de 2022. El Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra César Rodríguez Martínez, rector de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, ubicada en el municipio de Coello, Tolima, por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento contra una estudiante menor de edad.
Según informó el organismo de control el 9 de octubre de 2026, los hechos investigados habrían ocurrido el 23 de marzo de 2022, durante la jornada escolar.
De acuerdo con la investigación, el entonces rector habría solicitado la presencia de la estudiante para tratar asuntos relacionados con su situación académica y una eventual promoción anticipada. Posteriormente, ambos se habrían trasladado a la sala de sistemas de la institución educativa.
La Procuraduría señaló que, presuntamente, en ese lugar se habría presentado una conducta sexual no consentida, pese a la oposición verbal de la estudiante.
Presunto abuso de autoridad
Para el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en un contexto de autoridad y superioridad, derivado de la posición que ocupaba el investigado como rector del establecimiento educativo.
La entidad considera provisionalmente que la conducta habría sido cometida con ocasión y abuso del cargo, razón por la cual la calificó como una falta gravísima a título de dolo.
La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del proceso disciplinario y no representa una sanción definitiva ni una declaración judicial de culpabilidad.
El proceso continúa
Con esta actuación, la Procuraduría busca establecer la eventual responsabilidad disciplinaria del funcionario por los hechos investigados.
El proceso continuará conforme a las etapas legales correspondientes, durante las cuales el investigado podrá ejercer su derecho de defensa y presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes.
La información divulgada por la Procuraduría no detalla otras actuaciones judiciales relacionadas con el caso ni permite establecer si existe una decisión penal sobre los hechos denunciados.
