Ley suspende cobros a víctimas de fraude financiero

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El Congreso de Colombia aprobó una nueva normativa que obliga a bancos, empresas de telefonía y establecimientos comerciales a suspender cobros y reportes negativos en centrales de riesgo a ciudadanos que demuestren haber sido víctimas de suplantación de identidad. La medida busca proteger a los usuarios afectados por fraudes relacionados con el uso indebido de datos personales y evitar que sus historiales crediticios resulten perjudicados mientras avanzan las investigaciones.

La disposición establece que, una vez el ciudadano informe a la entidad sobre una posible falsedad o fraude, deberá aplicarse de inmediato el congelamiento de la obligación financiera vinculada al caso. Esto incluye la suspensión del cobro de cuotas, intereses corrientes, intereses de mora y gastos de cobranza asociados al producto adquirido de manera fraudulenta.

Además, las entidades deberán reportar la situación ante centrales de riesgo como Datacrédito y Cifin mediante una alerta especial de seguridad. Según lo aprobado, esta marcación no podrá afectar el puntaje crediticio del usuario ni limitarle el acceso a otros servicios financieros legítimos mientras se verifica el caso.

La normativa también contempla que, si las autoridades y las entidades financieras comprueban que efectivamente existió suplantación de identidad, la víctima quedará exonerada del pago total de la deuda, incluidos intereses y reportes negativos derivados del fraude.

De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso, el objetivo principal es reducir el impacto económico y financiero que históricamente han enfrentado los ciudadanos afectados por delitos de falsificación o robo de identidad. Antes de esta medida, muchas personas debían enfrentar procesos judiciales prolongados mientras continuaban acumulando deudas y afectaciones en sus reportes financieros.

Sin embargo, la ley también impone obligaciones a los usuarios que soliciten este beneficio. Luego de presentar la reclamación ante el banco o comercio correspondiente, el ciudadano deberá formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación dentro de los plazos establecidos por la norma.

En caso de no presentar la denuncia oficial, la entidad financiera podrá reactivar los cobros suspendidos y reportar nuevamente el incumplimiento a las centrales de riesgo, incluyendo los valores acumulados durante el periodo de suspensión temporal.

Expertos consideran que esta medida podría representar un alivio importante para miles de usuarios afectados por fraudes digitales y delitos informáticos en el país, un fenómeno que ha mostrado crecimiento en los últimos años debido al aumento de transacciones virtuales y modalidades de engaño electrónico.

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