Hallazgos incluyen posibles dobles pagos, inconsistencias administrativas y uso indebido de recursos del Sistema General de Participaciones.
“Posibles dobles pagos de nómina… incluso a docentes o supuestos docentes que han sido trasladados y se les sigue pagando desde una entidad y otra”, explicó el ministro.
Una auditoría adelantada por el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Servicio Civil, encendió las alertas sobre el manejo de los recursos públicos destinados al sector educativo en el departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta.
De acuerdo con lo informado por el ministro de Educación, Daniel Rojas, el proceso hace parte de una estrategia nacional para verificar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), especialmente en territorios identificados con riesgos en la gestión educativa. Estos recursos, que han tenido un incremento cercano al 40 %, buscan fortalecer la cobertura, el acceso y la calidad en la educación preescolar, básica y media.
Entre los principales hallazgos preliminares se identificaron presuntas irregularidades en el manejo de la nómina docente, incluyendo posibles dobles pagos y casos en los que docentes trasladados continuarían recibiendo remuneración desde más de una entidad. Asimismo, se evidenciaron inconsistencias en la clasificación de instituciones educativas como zonas de difícil acceso, lo que habría generado asignaciones adicionales de recursos sin el cumplimiento de los criterios establecidos por la normativa.
El informe también advierte sobre pagos de horas extras por encima de los límites legales, incrementos salariales que no podrían ser financiados con recursos del sector educativo y fallas en procesos administrativos relacionados con nombramientos y reporte de vacantes. A esto se suman posibles irregularidades en el manejo de información en sistemas oficiales, situación que ya es objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía.
Según el Ministerio, estos hechos podrían comprometer la adecuada ejecución de recursos públicos de destinación específica, lo que representa un riesgo para el cumplimiento de los objetivos del sistema educativo en la región. En ese sentido, se indicó que parte de la información recopilada ya fue trasladada a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
La auditoría continuará en otros territorios del país con el fin de verificar la correcta utilización de los recursos del SGP, mientras se mantienen las acciones de seguimiento sobre el caso del Magdalena, en el que las autoridades buscan establecer responsabilidades y adoptar medidas que garanticen la transparencia en la gestión de los fondos destinados a la educación.
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