ANT entrega 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

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La Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales formalizaron la entrega de 21 títulos de propiedad y resoluciones a favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia. La medida fortalece la seguridad jurídica sobre los predios que durante décadas han sido habitados y defendidos por esta organización campesina, reconocida por su resistencia en medio del conflicto armado. La decisión hace parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado colombiano y la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en articulación con Parques Nacionales Naturales de Colombia, entregó 21 títulos de propiedad y actos administrativos que formalizan jurídicamente los predios de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.

Con esta decisión, el Estado reconoce formalmente la propiedad sobre 21 fincas que han sido ocupadas y trabajadas durante años por esta organización campesina, considerada un referente nacional e internacional por su decisión de mantenerse al margen de los actores armados y permanecer en su territorio pese a la violencia que ha marcado la región.

La entrega representa uno de los avances más significativos en el proceso de reparación de la Comunidad de Paz, no solo porque brinda seguridad jurídica sobre la tierra, sino porque constituye un reconocimiento institucional a una población que durante cerca de dos décadas mantuvo una profunda ruptura con el Estado y restringió el ingreso de entidades oficiales a su territorio como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conflicto armado.

La formalización de los predios hace parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano dentro del Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con la Comunidad de Paz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el Estado reconociera su responsabilidad por las vulneraciones cometidas contra sus integrantes durante varios años.

Una comunidad marcada por la violencia

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue creada en 1997 como una iniciativa de campesinos que decidieron declararse neutrales frente al conflicto armado y rechazar la presencia de cualquier actor armado dentro de su territorio.

Desde entonces se convirtió en uno de los símbolos de resistencia civil más importantes del país, pero también en una de las comunidades más golpeadas por la violencia.

De acuerdo con cifras de la propia organización, durante sus 29 años de existencia cerca de 400 de sus integrantes han sido asesinados, entre ellos mujeres, niños y un menor de apenas 18 meses de edad.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en febrero de 2005 con la masacre de La Resbalosa, en la que fueron asesinadas ocho personas, incluidos varios menores de edad y el líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, junto con miembros de su familia.

Ese hecho profundizó la desconfianza de la comunidad hacia las instituciones estatales y motivó que durante aproximadamente veinte años sus integrantes restringieran el ingreso de entidades oficiales al territorio.

La masacre ha sido reconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como uno de los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado en Urabá y continúa siendo objeto de investigaciones judiciales.

Precisamente esta semana, un juzgado especializado de Antioquia condenó a dos exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová por su participación como coautores en la masacre de La Resbalosa, decisión que representa un nuevo avance en el esclarecimiento judicial de estos hechos.

Seguridad jurídica para permanecer en el territorio

La entrega de los títulos busca garantizar que la permanencia de la Comunidad de Paz en su territorio no dependa únicamente de su resistencia colectiva, sino que cuente con el respaldo jurídico del Estado.

Desde la Agencia Nacional de Tierras se explicó que la formalización de los predios brinda estabilidad legal sobre unas tierras que durante décadas estuvieron inmersas en disputas derivadas del conflicto armado y la ausencia de procesos de titulación.

Para la entidad, el reconocimiento de la propiedad constituye una garantía para la permanencia de las familias campesinas y un paso importante en la protección de sus derechos territoriales.

Un reconocimiento a casi tres décadas de resistencia

El representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Germán Posso, calificó la entrega como un reconocimiento a la lucha que durante casi treinta años han sostenido los campesinos para permanecer en su territorio.

Según manifestó, los títulos representan el reconocimiento de una historia marcada por la defensa del derecho a la vida y a la permanencia en la tierra, así como el fin de décadas de estigmatización contra la comunidad.

Posteriormente, Germán Graciano, también representante legal de la organización, destacó que esta decisión fortalece una reforma agraria construida desde las comunidades campesinas y consolida la legalización de tierras que históricamente habían sido ocupadas por las familias sin contar con un reconocimiento formal del Estado.

Un precedente para la Agencia Nacional de Tierras

La directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, Ana Jimena Bautista, señaló que el proceso no solo constituye una medida de reparación para la Comunidad de Paz, sino que también representa un precedente jurídico para la entidad.

Explicó que este caso permitió avanzar en la reglamentación de la adjudicación de baldíos a personas jurídicas y en los procedimientos para formalizar predios privados a favor de organizaciones campesinas, una figura que hasta ahora había presentado importantes vacíos normativos.

Un proceso ligado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La formalización de los predios hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano dentro del proceso adelantado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante varios años, la Comunidad de Paz denunció ante organismos internacionales las violaciones de derechos humanos sufridas por sus integrantes y la falta de garantías para permanecer en el territorio.

El acuerdo alcanzado entre las partes contempló diversas medidas de reparación, entre ellas el saneamiento jurídico de los predios ocupados por la comunidad, compromiso que comenzó a materializarse con la entrega de estos 21 títulos.

Reparación, verdad y permanencia

La entrega coincide con los avances judiciales que buscan esclarecer los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz durante el conflicto armado.

Mientras la justicia continúa estableciendo responsabilidades individuales por hechos como la masacre de La Resbalosa, el Estado avanza en la implementación de medidas orientadas a garantizar que las familias campesinas puedan permanecer legalmente en el territorio que han defendido durante casi tres décadas.

Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la formalización de estos predios representa mucho más que la entrega de documentos de propiedad. Constituye un reconocimiento institucional a su historia de resistencia, una garantía para la permanencia de las generaciones futuras y un paso dentro del proceso de reparación por las graves afectaciones sufridas durante el conflicto armado colombiano.

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