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La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República emitieron una directiva conjunta en la que recuerdan al Gobierno Nacional saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva las obligaciones legales que deben cumplir durante el proceso de empalme con el equipo del presidente electo. El documento fue expedido el 30 de junio de 2026 y busca garantizar una transición institucional ordenada, transparente y ajustada a la normatividad vigente.

A través de la Directiva Conjunta 001 de 2026, los organismos de control reiteraron que los informes de gestión deben contener información completa sobre los asuntos, recursos y responsabilidades a cargo de cada entidad, incluyendo la ejecución de recursos financieros, humanos y administrativos durante el periodo de gobierno.

Las entidades recordaron que la Ley 951 de 2005 establece la obligación de entregar un informe detallado de gestión al finalizar el mandato. Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de este deber puede derivar en investigaciones disciplinarias y otras responsabilidades previstas por la ley.

Entre los principales lineamientos, la Procuraduría y la Contraloría exhortaron al Gobierno saliente a garantizar que los informes de empalme y sus documentos de soporte sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública a través de los canales institucionales correspondientes, salvo aquellos casos en los que exista reserva legal o clasificación de la información, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública.

La directiva también enfatiza la necesidad de entregar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios públicos y facilitar la transición entre administraciones.

Uno de los puntos destacados se refiere a la contratación estatal. Los organismos de control recomendaron verificar que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados o en desarrollo hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Además, solicitaron que la administración entrante reciba información actualizada sobre contratos próximos a vencer, procesos de selección que deban adelantarse, proyectos con dificultades de ejecución y eventuales controversias o procedimientos sancionatorios en curso.

La directiva también señala que deben quedar documentadas las situaciones relacionadas con competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno y aquellas actuaciones adelantadas bajo el principio de subsidiariedad para garantizar derechos fundamentales o la prestación de servicios esenciales.

Con esta actuación, la Procuraduría y la Contraloría buscan fortalecer los principios de transparencia, responsabilidad y continuidad administrativa durante el proceso de transición presidencial que se adelanta en Colombia, garantizando que la nueva administración cuente con información suficiente para asumir sus funciones y dar continuidad a las políticas públicas en marcha.

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