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Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN de la Policía Nacional y agencias de investigación de Estados Unidos permitió impactar una presunta organización dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de activos, que habría movilizado más de 100.000 millones de pesos obtenidos de esta actividad ilegal.

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal operaba principalmente en el Golfo de Urabá y es señalada de facilitar la salida irregular de más de 800.000 ciudadanos extranjeros hacia Centroamérica. Las autoridades indican que los implicados promocionaban en redes sociales supuestos paquetes turísticos para recorrer la región, los cuales servían como fachada para coordinar el traslado clandestino de migrantes desde Necoclí, Capurganá, Acandí y Sapzurro.

Según la Fiscalía, entre los migrantes movilizados se encontraban ciudadanos provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, China y otros países. Las pesquisas permitieron establecer movimientos financieros superiores a los 100.000 millones de pesos, recursos que habrían ingresado al sistema financiero formal mediante diversas maniobras destinadas a ocultar su origen ilícito.

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Las evidencias recopiladas señalan que la organización habría utilizado empresas de transporte marítimo y fluvial como fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos. Asimismo, se identificaron operaciones en efectivo, adquisición de bienes muebles e inmuebles y transferencias fragmentadas de dinero, una práctica conocida como “pitufeo”, para dificultar el rastreo de los fondos.

Como resultado de las diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar la red. Los investigados, presuntamente, cumplían funciones como accionistas, representantes legales y administradores de varias sociedades comerciales utilizadas para encubrir las operaciones ilegales. Durante los allanamientos fueron incautados documentos contables y financieros, soportes de operaciones marítimas, equipos informáticos y dispositivos móviles que ahora hacen parte del material probatorio del proceso.

Las autoridades también ocuparon con fines de comiso un inmueble en Apartadó e identificaron 25 cuentas bancarias sobre las cuales solicitarán medidas cautelares. Un fiscal especializado imputó a los capturados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto de las redes de tráfico de migrantes en el Urabá antioqueño, una de las principales rutas utilizadas durante los últimos años por miles de personas que buscan llegar a Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la estructura y establecer posibles vínculos con otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

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