Fiduprevisora: la guerra por los recursos del magisterio

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La salida de Herman Bayona de la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no puede analizarse como un simple movimiento administrativo. Las circunstancias que rodean su desvinculación, las denuncias que asegura haber presentado y el momento político en el que ocurre convierten este episodio en uno de los hechos más delicados que ha enfrentado recientemente Fiduprevisora.

Durante años, la entidad ha sido objeto de cuestionamientos por la administración de los recursos destinados a la salud, las pensiones y las cesantías de los docentes colombianos. Sin embargo, las declaraciones conocidas tras la salida de Bayona exponen un panorama aún más preocupante: la existencia de una presunta disputa por el control de contratos y recursos que, según el exfuncionario, involucra estructuras políticas y económicas que han sobrevivido a distintos gobiernos.

Lo primero que llama la atención es la coincidencia de los tiempos.

PROFIN

Bayona asegura que durante su gestión impulsó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del magisterio. También sostiene que varias de esas investigaciones continúan en curso. Si esto es cierto, resulta inevitable preguntarse por qué uno de los principales promotores de dichas denuncias termina saliendo precisamente cuando, según sus propias palabras, estaban próximos nuevos procesos contractuales y ampliaciones de investigaciones.

La respuesta oficial de Fiduprevisora apunta a una reorganización institucional derivada de observaciones realizadas por organismos de control. Sin embargo, las explicaciones administrativas no han logrado disipar completamente las dudas sobre el trasfondo de la decisión.

Más aún cuando las cifras involucradas son de enormes proporciones.

El Fomag administra recursos que se cuentan en decenas de billones de pesos. Solo el presupuesto anual del fondo representa una de las bolsas de recursos públicos más importantes del país. A ello se suman contratos relacionados con atención médica, sistemas tecnológicos, infraestructura, sedes administrativas y prestación de servicios de salud para cientos de miles de docentes y pensionados.

No es extraño entonces que alrededor de semejante volumen de recursos existan intereses políticos y económicos.

Lo inquietante es que esas sospechas ya no provienen únicamente de sectores externos o de la oposición. Provienen de quien hasta hace pocos días ocupaba uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura encargada de administrar esos recursos.

Bayona habló públicamente de presuntas estructuras enquistadas dentro de Fiduprevisora. Habló de redes que, según él, habrían operado durante años alrededor del negocio de la salud y de las prestaciones sociales del magisterio. Habló incluso de investigaciones relacionadas con pagos cuestionados, procesos contractuales y decisiones administrativas que, según sus denuncias, deberían ser objeto de escrutinio por parte de los organismos competentes.

Naturalmente, todas esas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades. Ninguna denuncia constituye por sí sola una prueba de responsabilidad. Pero tampoco pueden ser ignoradas cuando quien las formula es un alto funcionario que tuvo acceso directo a la información institucional.

La situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se observa el componente político.

Durante la entrevista en la que confirmó su salida, Bayona sugirió que determinadas estructuras partidistas han mantenido presencia dentro de Fiduprevisora durante años, independientemente de los cambios de gobierno. Según sus declaraciones, algunos sectores políticos conservarían influencia en distintas áreas de la entidad, una situación que, de comprobarse, demostraría la enorme dificultad que enfrenta cualquier intento de reformar la administración de los recursos del magisterio.

Ese punto resulta particularmente sensible para el Gobierno Nacional.

El presidente Gustavo Petro llegó al poder con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y el desmonte de las estructuras políticas tradicionales dentro del Estado. Por eso mismo, resulta paradójico que una de las controversias más fuertes en la recta final de su administración se produzca precisamente en una entidad que fue presentada como pieza fundamental de la transformación del sistema de salud de los maestros.

Las críticas ya no provienen solamente de sectores políticos adversarios. También aparecen desde el interior de una estructura que debía representar el cambio prometido.

Y mientras las disputas avanzan, los maestros siguen esperando.

Esa es quizá la mayor contradicción de toda esta historia.

La discusión pública gira alrededor de renuncias, cuotas de poder, investigaciones, contratos y pugnas internas. Entretanto, miles de docentes continúan enfrentando dificultades para acceder a consultas especializadas, medicamentos, tratamientos de alto costo y procedimientos médicos oportunos.

El ciudadano común difícilmente entiende las complejas disputas administrativas dentro de Fiduprevisora. Lo que sí entiende es que cuando necesita atención médica, esta debe llegar a tiempo.

Por eso el verdadero problema no es quién gana o pierde dentro de la entidad.

El verdadero problema es que la crisis institucional amenaza con seguir afectando a quienes deberían estar en el centro de todas las decisiones: los maestros.

Si las denuncias de Bayona tienen fundamento, el país está frente a un escándalo que merece ser investigado hasta las últimas consecuencias. Si no lo tienen, Fiduprevisora tiene la obligación de demostrarlo con total transparencia.

Lo que no puede permitirse es que la salida de un funcionario termine convirtiéndose en una noticia pasajera mientras las preguntas de fondo permanecen sin respuesta.

¿Por qué continúan apareciendo denuncias sobre el manejo de los recursos del magisterio?

¿Por qué persisten los cuestionamientos sobre contratación y administración de fondos?

¿Por qué una entidad responsable de garantizar derechos fundamentales sigue generando más controversias que certezas?

Y, sobre todo, ¿cuándo dejarán los maestros de ser espectadores involuntarios de una batalla por el poder que parece repetirse administración tras administración?

La salida de Herman Bayona no cierra ninguna discusión. Por el contrario, abre una nueva etapa de interrogantes sobre el presente y el futuro de Fiduprevisora. Las respuestas deberán llegar desde las instituciones, los organismos de control y las investigaciones en curso.

Porque cuando están en juego los recursos de los docentes colombianos, el país merece algo más que explicaciones administrativas. Merece claridad, transparencia y resultados.

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