Defensoría rechaza declaraciones de concejal de Medellín

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La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo frente a unas declaraciones atribuidas al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido públicamente como “El Guri”, y anunció que remitió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe si los hechos podrían constituir conductas sancionables o presuntamente delictivas.

En un pronunciamiento fechado el 25 de junio, la entidad manifestó su preocupación por expresiones que, según el documento oficial, habrían planteado la posibilidad de “bombardear” territorios del país debido a los resultados electorales obtenidos en esas zonas por una candidatura presidencial. La Defensoría sostuvo que ningún desacuerdo político, ideológico o electoral puede justificar llamados a acciones violentas contra comunidades o territorios por las decisiones adoptadas democráticamente por sus habitantes.

La institución señaló que asociar regiones o poblaciones con objetivos militares debido a su comportamiento electoral resulta incompatible con los principios del Estado Social de Derecho y representa un riesgo para la vida, la integridad y la seguridad de la población. Asimismo, recordó que la Constitución Política protege el pluralismo, la participación ciudadana y la libertad de conciencia, al tiempo que exige el respeto por los derechos de quienes piensan diferente.

En el documento, la Defensoría indicó que los servidores públicos tienen deberes reforzados de responsabilidad, veracidad e imparcialidad en sus pronunciamientos, debido al impacto institucional que pueden generar. Según la entidad, el ejercicio de cargos de elección popular no autoriza discursos que promuevan la violencia, la discriminación o la estigmatización de comunidades enteras.

La Defensoría también advirtió que las expresiones conocidas públicamente podrían ser objeto de análisis por parte de las autoridades competentes para determinar si configuran posibles conductas relacionadas con instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o violencia política. No obstante, cualquier determinación sobre eventuales responsabilidades corresponderá a los organismos judiciales competentes dentro del debido proceso.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a los liderazgos políticos, sociales e institucionales del país para promover un lenguaje respetuoso, reducir la polarización y tramitar las diferencias mediante los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución. La Defensoría insistió en que la democracia exige reconocer al contradictor político como un actor legítimo y no como un enemigo.

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