Corte Constitucional ordena medidas contra el racismo escolar tras caso de estudiante afrodescendiente
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un estudiante afrodescendiente de 12 años que denunció haber sido víctima de actos de racismo dentro de una institución educativa y ordenó la adopción de medidas pedagógicas y administrativas para prevenir nuevos casos de discriminación en entornos escolares.
La decisión quedó consignada en la Sentencia T-513 de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que el colegio involucrado no actuó de manera adecuada frente a las denuncias realizadas por el menor y su familia sobre presuntos episodios de discriminación racial por parte de compañeros y algunos docentes.
De acuerdo con el análisis de la Corte, mientras las denuncias relacionadas con racismo no recibieron una atención efectiva, la institución sí adelantó un proceso disciplinario contra el estudiante tras una confrontación física con otro alumno, procedimiento que terminó con su expulsión.
El tribunal consideró que existió un “doble estándar institucional”, debido a que las denuncias por discriminación fueron ignoradas o minimizadas, mientras que la actuación frente al menor fue estrictamente sancionatoria cuando pasó a ser señalado como agresor.
La Corte también cuestionó que la institución exigiera denuncias formales para activar las rutas de protección, situación que —según la sentencia— terminó convirtiéndose en una barrera para la garantía de derechos.
Además, determinó que el colegio no adelantó una investigación suficiente sobre las denuncias de racismo ni aplicó medidas de protección oportunas para el estudiante.
Como parte de la decisión judicial, la Corte ordenó que el menor pueda ser reintegrado a la institución educativa si así lo desea y dispuso la implementación de medidas de no repetición y formación pedagógica.
Entre las órdenes impartidas se encuentran la realización de actos educativos contra el racismo, ajustes en el manual de convivencia, espacios de participación para estudiantes y procesos de capacitación sobre enfoque étnico-racial, derechos humanos y prevención de conductas discriminatorias.
La sentencia también ordenó a la Secretaría de Educación diseñar un protocolo específico para atender casos de discriminación racial en instituciones educativas e iniciar una investigación administrativa para revisar posibles irregularidades en el proceso disciplinario adelantado contra el estudiante.
De igual manera, la Corte exhortó al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Educación Nacional a fortalecer las políticas públicas y herramientas institucionales dirigidas a combatir el racismo y mejorar la convivencia escolar en el país.
Sentencia T-513 de 2025
M.P. Natalia Ángel Cabo
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