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La llegada de cerca de 400 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) previstas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, fue aplazada luego de que el Gobierno nacional confirmara que los espacios aún no cumplen con las condiciones exigidas para su funcionamiento.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, tras una reunión realizada el 24 de junio de 2026 con delegados de España, Noruega, Catar y Suiza, países que hacen parte del Grupo de Países Mediadores. En el encuentro también participaron representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) y voceros del grupo armado.

Según el documento oficial, la Zona de Ubicación Temporal de Tierralta, creada en el marco de la Ley 2272 de 2022 para facilitar el tránsito gradual de integrantes del grupo armado hacia la desmovilización, aún no reúne los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Por esta razón, el proceso que estaba previsto para iniciar el 25 de junio fue suspendido hasta nuevo aviso.

Durante la reunión, los representantes del EGC ratificaron su voluntad de continuar en el proceso de conversaciones sociojurídicas y reiteraron el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Doha, Catar, durante las rondas de diálogo realizadas en septiembre y diciembre de 2025. Estos acuerdos incluyen medidas orientadas a la reducción de la violencia, la protección de la población civil y la construcción de confianza entre las partes.

Por su parte, la delegación del Gobierno nacional manifestó que permanecerá vinculada al proceso y continuará desarrollando las conversaciones en curso, además de avanzar en el empalme con la administración que asumirá el poder bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

El aplazamiento genera expectativa en regiones como Urabá, especialmente en municipios como Mutatá y Belén de Bajirá, donde algunos de los compromisos pactados contemplan proyectos piloto de transformación territorial, fortalecimiento comunitario y sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas iniciativas hacen parte de los acuerdos alcanzados durante los ciclos de diálogo y buscan reducir los factores que históricamente han alimentado el conflicto armado en la región.

Las partes también reconocieron el papel de los países mediadores y de las organizaciones acompañantes que han respaldado el proceso desde su inicio. Finalmente, tanto el Gobierno como los representantes del EGC insistieron en que el diálogo continúa siendo el mecanismo para avanzar hacia una solución negociada y construir condiciones que permitan una paz estable en los territorios afectados por la violencia.

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