Extinción de dominio a bienes ligados al Bloque Bananero en Urabá

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Los predios, avaluados en más de 65 mil millones de pesos, serían destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación adelantó un operativo de extinción de dominio sobre 19 bienes presuntamente vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una acción judicial que busca destinar estos activos a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, luego de que un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenara medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estas propiedades.

De acuerdo con la información oficial, los bienes están avaluados en más de 65.000 millones de pesos. Entre ellos se destaca la hacienda El Cocuelo, ubicada en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá antioqueño.

Según las investigaciones judiciales, este predio habría sido utilizado durante varios años como punto estratégico para operaciones logísticas y de sostenimiento financiero del grupo armado ilegal que operó en esta zona del país.

La Fiscalía indicó que este terreno fue dividido en 15 predios con matrículas inmobiliarias independientes y posteriormente registrados a nombre de diferentes propietarios, mediante varias transacciones que, presuntamente, buscaban ocultar su origen y dificultar la acción de las autoridades.

Los otros cuatro bienes afectados por las medidas judiciales corresponden a un predio urbano y tres rurales ubicados en los departamentos de Meta y Casanare.

Las labores de policía judicial incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, lo que permitió establecer que estos activos no solo habrían servido como refugio para estructuras armadas, sino también como soporte económico para su funcionamiento.

Las autoridades señalaron que el avance de este proceso permitirá fortalecer los mecanismos de reparación a las víctimas y continuar con la recuperación de bienes presuntamente obtenidos o utilizados en el marco del conflicto armado.