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El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, impartió instrucciones al Comité de Empalme Anticorrupción para adelantar una revisión jurídica e institucional sobre hechos que, según indicó en una comunicación oficial fechada el 28 de junio de 2026, estarían relacionados con presuntos acercamientos y actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y el Clan del Golfo.

La directriz fue dirigida al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien encabeza el comité de empalme anticorrupción. En el documento, De la Espriella señaló que las revelaciones periodísticas conocidas recientemente exigen una respuesta rigurosa y ajustada al Estado de Derecho, por lo que ordenó evaluar toda la información disponible y determinar las acciones que puedan corresponder ante las autoridades competentes.

Como primera medida, el presidente electo solicitó analizar la información existente y promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias y demás actuaciones que resulten procedentes frente a los hechos revelados y respecto de los funcionarios que eventualmente pudieran verse comprometidos.

En segundo lugar, instruyó incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas a Danilo Rueda Rodríguez, exalto comisionado para la Paz, con el propósito de establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar las acciones legales correspondientes.

La tercera instrucción contempla remitir información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para su conocimiento y evaluación, en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia.

Asimismo, el documento ordena poner en conocimiento de organismos internacionales competentes aquellos hechos cuya investigación pudiera comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la comunicación, De la Espriella manifestó que el propósito de estas actuaciones es contribuir al restablecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y la preservación del orden público. También afirmó que ninguna persona debe permanecer al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta.

Finalmente, el mandatario electo solicitó que las instrucciones sean atendidas con diligencia y pidió ser informado oportunamente sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones que adopte el comité de empalme frente a este asunto.

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