Restitución de tierras en Urabá avanza con cifras históricas y retos en territorios étnicos

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Restitución de tierras en Urabá entra en etapa histórica de decisiones judiciales y reparación a víctimas

La política de restitución de tierras en las subregiones de Urabá, Bajo Atrato y el Darién atraviesa uno de los momentos de mayor movimiento institucional desde la creación de la Ley 1448 de 2011. Así quedó evidenciado durante el Encuentro Regional de Medios Alternativos, Populares y Comunitarios realizado este 19 de mayo en el Hotel Emberá de Apartadó, donde la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras expuso ante periodistas y comunicadores comunitarios un amplio balance de resultados, retos y proyecciones del proceso de reparación a víctimas del conflicto armado.

La jornada reunió representantes de medios alternativos, digitales y comunitarios de diferentes municipios de la región de Urabá, quienes participaron en espacios de socialización sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las rutas individuales y colectivas de restitución, el estado actual de los procesos administrativos y judiciales, así como las dificultades que continúan enfrentando miles de familias campesinas, afrodescendientes e indígenas víctimas del despojo y abandono forzado de tierras.

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Durante el encuentro, la Dirección Territorial Apartadó presentó un documento técnico denominado “Desafíos y Logros de la Restitución de Tierras en Urabá, Bajo Atrato y el Darién (2022-2026)”, donde se explicó que la restitución de tierras ha dejado de verse únicamente como un trámite administrativo y actualmente se proyecta como uno de los principales instrumentos de justicia agraria, reparación integral y estabilización territorial dentro de la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional.

Según el informe socializado, la restitución busca restablecer la situación jurídica y material de las víctimas que fueron despojadas o desplazadas de sus predios a causa de la violencia, mediante mecanismos administrativos y judiciales que permitan recuperar derechos sobre la tierra y acceder a medidas complementarias de reparación relacionadas con vivienda, proyectos productivos, educación y sostenibilidad económica.

En entrevista con Tv Golfo Urabá, el director territorial de la URT para Urabá, Bajo Atrato y Darién, José Alberto Kunzell, destacó la importancia de generar espacios de diálogo directo con los medios comunitarios para acercar la información institucional a las comunidades rurales y víctimas del conflicto.

“Estos espacios permiten de manera muy transparente a toda la sociedad, a través de la comunicación social y comunitaria de ustedes, conocer qué es lo que estamos haciendo. Los funcionarios públicos y las entidades públicas tenemos la obligación de transmitir transparencia y confianza”, expresó el funcionario.

Kunzell aseguró además que uno de los objetivos principales de la actual administración territorial ha sido recuperar la confianza de las víctimas y acelerar procesos que durante años permanecieron represados.

“Desde que llegué a la Dirección Territorial Apartadó hemos querido mostrarle a las víctimas cómo se hace su proceso, en qué estamos y cuáles son los casos que efectivamente se están priorizando para avanzar en la política pública de restitución de tierras”, indicó.

Las cifras entregadas durante el encuentro evidencian el crecimiento de la gestión territorial en los últimos años. Actualmente, la Dirección Territorial Apartadó reporta más de 10.300 casos relacionados con víctimas de abandono y despojo forzado de tierras en la región.

De acuerdo con el balance presentado, más del 51 % de esos procesos ya han sido resueltos en etapa administrativa, mientras que actualmente existen más de 2.600 casos avanzando en etapa judicial ante jueces y magistrados especializados en restitución.

A nivel nacional, la Unidad de Restitución de Tierras informó que hasta el 30 de abril se habían recibido 174.189 solicitudes relacionadas con procesos de restitución. De ese total, 117.979 solicitudes ya cuentan con decisiones de fondo en etapa administrativa, lo que representa un avance del 68 %. Asimismo, se reportó que 49.245 casos han sido inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), mecanismo que permite habilitar el acceso a la etapa judicial.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue el crecimiento registrado en la territorial de Apartadó durante los años recientes. Según la entidad, en 2025 se logró resolver más de 466 casos en trámite administrativo, superando ampliamente la meta institucional inicialmente proyectada para la vigencia.

“El balance del año 2025 es positivo. Tenemos más de 466 casos resueltos en el trámite administrativo, más de 346 demandas resueltas en el trámite judicial y más de 600 casos en sentencia judicial”, afirmó Kunzell.

El funcionario señaló además que el proceso ha mostrado un aumento progresivo en el número de demandas presentadas ante jueces de restitución. Mientras en 2024 se radicaron más de 128 demandas, durante 2025 la cifra superó las 346 demandas judiciales, consolidando a la Dirección Territorial Apartadó como una de las oficinas con mayor dinámica de gestión en el país.

De acuerdo con la información entregada por la URT, la territorial actualmente lidera a nivel nacional el cumplimiento de la etapa judicial, alcanzando un 132 % de cumplimiento frente a otras direcciones territoriales.

La entidad explicó que detrás de esos resultados existe un trabajo técnico relacionado con el análisis jurídico y probatorio de cada expediente, especialmente en fases de análisis previo e inicio de estudio formal, consideradas fundamentales para garantizar que las demandas presentadas ante los jueces cuenten con soporte sólido y permitan decisiones favorables para las víctimas.

En el documento técnico también se destacó que entre 2022 y 2026 se alcanzaron o proyectaron 134 sentencias judiciales de restitución en la región. El año 2023 fue identificado como el periodo de mayor efectividad judicial, con 45 sentencias emitidas.

Las autoridades aclararon que una sentencia de restitución no solo implica la devolución material de un predio, sino que además incorpora órdenes de reparación integral relacionadas con acceso a vivienda, salud, educación y fortalecimiento productivo para las familias beneficiadas.

Precisamente, otro de los componentes ampliamente abordados durante el encuentro fue la estrategia de proyectos productivos impulsada por la Unidad de Restitución de Tierras para garantizar estabilidad económica y permanencia en el territorio de las familias restituidas.

Según el balance oficial, durante los últimos cuatro años se han invertido más de 5.399 millones de pesos en 105 proyectos productivos desarrollados en municipios como Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Nuevo Belén de Bajirá.

La entidad señaló que estas iniciativas buscan fortalecer procesos agrícolas, promover soberanía alimentaria y garantizar condiciones sostenibles para las víctimas restituidas, especialmente en zonas rurales donde históricamente han existido altos niveles de pobreza y afectaciones derivadas del conflicto armado.

“El año 2024 fue el pico de transformación rural con inversiones superiores a 1.660 millones de pesos destinados directamente al campo”, explicó la URT durante la presentación.

El encuentro también dedicó un espacio importante al análisis de la denominada Ruta Étnica o colectiva, considerada una de las áreas de mayor complejidad dentro del proceso de restitución en el país debido a las condiciones de seguridad y acceso institucional presentes en el Bajo Atrato y el Darién.

La Dirección Territorial Apartadó informó que actualmente realiza seguimiento a 21 demandas colectivas relacionadas con consejos comunitarios afrodescendientes y resguardos indígenas de la región.

Entre los procesos mencionados se encuentran casos correspondientes a Cacarica, Taparal, Quiparadó, Bocas de Chicao, Apartadó Buenavista y resguardos indígenas ubicados en Murindó, Chageradó, Jarapetó y El Volao.

Asimismo, la entidad anunció que para 2025 y 2026 se proyecta avanzar en nuevos procesos relacionados con territorios colectivos de Bocas de Atrato, Leoncito, Río Montaño, Perancho, Peranchito y La Raya.

Durante el espacio de preguntas y respuestas, periodistas comunitarios insistieron en las preocupaciones existentes frente a la seguridad de líderes reclamantes de tierras y comunidades víctimas, especialmente en zonas donde persisten disputas armadas y economías ilegales.

La Dirección Territorial reiteró que el acceso a la justicia agraria continúa siendo uno de los mayores retos del Estado en regiones históricamente golpeadas por la violencia, aunque aseguró que la meta institucional es seguir acelerando decisiones administrativas y judiciales durante los próximos años.