Tribunal ratifica tutela por deterioro en la Institución Educativa José Celestino Mutis de Apartadó y ordena reforzar medidas de seguridad
El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó el amparo constitucional a favor de los estudiantes de la Institución Educativa José Celestino Mutis de Apartadó, tras evidenciar graves deficiencias en la infraestructura del plantel que, según la decisión judicial, ponen en riesgo los derechos fundamentales a la educación, la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes.
La decisión fue adoptada por la Sala Sexta de Decisión Oral del alto tribunal, con ponencia del magistrado Rafael Darío Restrepo Quijano, al resolver la impugnación presentada por el Municipio de Apartadó contra el fallo emitido previamente por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Apartadó.
La acción de tutela fue promovida por varios padres de familia y acudientes de estudiantes de la institución, quienes denunciaron el progresivo deterioro de la infraestructura educativa. Entre las afectaciones expuestas se encuentran filtraciones en techos, desprendimientos de cielos rasos, grietas, humedad, daños en baterías sanitarias y otras condiciones que, según argumentaron, comprometen la seguridad y salubridad del entorno escolar.
En el expediente judicial quedó consignado que los acudientes habían presentado un derecho de petición ante la Secretaría de Educación de Apartadó el pasado 6 de febrero de 2026, solicitando soluciones urgentes frente a las condiciones del colegio. Aunque la administración municipal reconoció el deterioro y la necesidad de intervención, los accionantes señalaron que no se definieron cronogramas concretos, presupuesto asignado ni medidas inmediatas suficientes para mitigar los riesgos.
Durante el análisis del caso, el Tribunal reiteró que, aunque este tipo de controversias suelen tramitarse mediante acciones populares por involucrar derechos colectivos, la tutela resulta procedente de manera excepcional cuando existe una amenaza directa sobre derechos fundamentales de menores de edad, considerados sujetos de especial protección constitucional.
La corporación judicial concluyó que las condiciones del plantel representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para los estudiantes. Entre las pruebas valoradas aparecen inspecciones judiciales, registros fotográficos, videos e informes técnicos que evidencian daños significativos en varias zonas de la institución.
Uno de los aspectos que llamó la atención del Tribunal fue el testimonio entregado durante la diligencia judicial por integrantes de la comunidad educativa. Según quedó consignado en la sentencia, se reportó el desprendimiento de material del techo que habría golpeado a una estudiante durante una reunión de padres de familia. Además, se advirtió sobre fracturas en algunos muros y el deterioro constante de cubiertas y aulas debido a filtraciones por lluvias.
La decisión también señala que al menos 17 de las 41 aulas del plantel presentan afectaciones que comprometen su utilización normal. Esta situación ha obligado a reubicar estudiantes en espacios improvisados como pasillos, áreas administrativas y aulas destinadas a otras actividades académicas.
Aunque el Tribunal reconoció que el Municipio de Apartadó ha realizado algunas acciones de mitigación, como cierres preventivos, retiro de elementos en riesgo y adecuación temporal de espacios, concluyó que dichas medidas no han sido suficientes para garantizar plenamente la seguridad y la prestación digna del servicio educativo.
En consecuencia, la Sala confirmó el amparo constitucional, pero decidió modular algunas de las órdenes impartidas en primera instancia. Entre las medidas adoptadas, ordenó al Municipio de Apartadó y a su Secretaría de Educación mantener y reforzar de manera inmediata y permanente las acciones de mitigación del riesgo dentro de la institución.
Asimismo, el fallo establece que en un plazo máximo de seis meses la administración deberá continuar la estructuración del proyecto integral de intervención de la infraestructura, incluyendo estudios técnicos especializados y las gestiones presupuestales necesarias para ejecutar las obras requeridas.
El Tribunal también dispuso que el municipio entregue informes bimestrales a la Personería Municipal sobre el avance de las medidas adoptadas y del proceso de intervención, hasta superar las condiciones que originaron la tutela.
La decisión judicial ratificó además el exhorto al Ministerio de Educación Nacional para que acompañe técnicamente al ente territorial en la búsqueda de soluciones para mejorar la infraestructura del establecimiento educativo.
En su argumentación, la Sala recordó jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional en la que se ha reiterado que el derecho a la educación no solo implica acceso al sistema escolar, sino también condiciones dignas, seguras y adecuadas para el aprendizaje, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes.
La providencia será remitida ahora a la Corte Constitucional para una eventual revisión.
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