Corte Suprema confirmó condena contra el exdirector de la Policía Rodolfo Palomino por tráfico de influencias
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, en un caso relacionado con una investigación sobre presunto despojo de tierras en perjuicio de campesinos del Urabá antioqueño.
De acuerdo con la decisión judicial, Palomino López utilizó su cargo para intentar influir en una fiscal que adelantaba una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba, entre ellas el ganadero Luis Gonzalo Gallo Restrepo, a quien habría buscado favorecer evitando su captura.
Según la Corte, el entonces director de la Policía se reunió en febrero de 2014 con la fiscal Sonia Lucero Velázquez Patiño en la residencia de la funcionaria y le solicitó “dejar quieta” la investigación contra Gallo Restrepo, a quien calificó como una persona influyente.
Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia ya le había impuesto en noviembre de 2024 una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años, además de negarle el beneficio de prisión domiciliaria.
Al resolver la apelación presentada por la defensa, la Sala de Casación Penal descartó que la acción penal estuviera prescrita y validó como prueba la grabación realizada por la fiscal con su teléfono celular durante la reunión sostenida con el oficial en retiro.
La Corte concluyó que no existió una gestión institucional legítima, sino un uso indebido del poder para interferir en una investigación judicial.
“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”, señaló la Sala.
Asimismo, el alto tribunal indicó que Palomino incurrió en una grave desviación de poder al aprovechar su posición como director de la Policía Nacional para conocer detalles de una investigación sensible y buscar beneficiar a uno de los implicados.
El caso estaba relacionado con presuntas actuaciones ilegales asociadas al Fondo Ganadero de Córdoba y un supuesto entramado de despojo de tierras que afectó a comunidades campesinas en la subregión de Urabá, una de las zonas más golpeadas históricamente por el conflicto armado.
Con esta decisión, la Corte Suprema dejó en firme la condena y ratificó que el exalto oficial deberá responder penalmente por haber intervenido de manera irregular en favor de un empresario investigado por la justicia.
