Después de más de dos décadas sin una decisión judicial definitiva, el caso de 21 familias campesinas de la Asociación Agropecuaria Campesina La Teca, en zona rural de Turbo, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberá analizar si abre un proceso formal contra el Estado colombiano por la prolongada falta de restitución de tierras.
La acción fue impulsada por la Fundación Forjando Futuros, organización que representa a las víctimas de la vereda La Teca, quienes desde 2003 reclaman la devolución de sus predios tras haber sido despojadas presuntamente por estructuras paramilitares mediante amenazas y presiones.
Según explicó la organización, la decisión de acudir al sistema interamericano se produjo luego de que el Estado colombiano respondiera que en este caso aún no se habían agotado los recursos internos disponibles y que no se había excedido un plazo razonable para su resolución.
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, cuestionó esa posición al señalar que han transcurrido 23 años entre trámites, recursos, actuaciones administrativas y procesos judiciales sin una respuesta definitiva para las familias afectadas.
De acuerdo con el historial del caso, en 2009 el Juzgado Penal del Circuito de Medellín reconoció la existencia de desplazamiento forzado, aunque no ordenó la restitución de los predios. Posteriormente, en 2013, la Unidad de Restitución de Tierras confirmó el despojo, pero tampoco se adoptaron medidas efectivas de devolución.
En 2017, el Juzgado Primero de Apartadó inició formalmente el proceso de restitución, el cual continúa sin una decisión de fondo. Desde 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también reconoció a las familias como víctimas, aunque sin avances concretos en materia de reparación.
Más recientemente, en 2025, una sentencia de Justicia y Paz relacionada con el Bloque Bananero tampoco resolvió la devolución de los predios reclamados por las familias campesinas.
Mientras el proceso continúa sin solución definitiva, cuatro de las víctimas fallecieron sin recuperar sus tierras: Edelmira Chquillo Fuentes, Alberto Padilla Ruiz, Darío de Jesús Bolívar y Aquibaldo Palacios Agualimpia.
Ahora será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la instancia encargada de evaluar si admite el caso y si el Estado colombiano deberá responder internacionalmente por la presunta vulneración de derechos de estas familias del Urabá antioqueño.
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